El Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), espacios multidisciplinarios de atención legal primaria gratuita que asisten a poblaciones de bajos recursos y dificultad para el acceso a derechos. Según el Ministerio de Justicia, esas oficinas "brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias". Desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) advirtieron que la medida implica 400 despidos.
Los CAJ son oficinas que brindan servicios de atención legal primaria gratuita en temas de seguridad social, familia, trabajo, documentación y otros, con el trabajo de equipos interdisciplinarios de profesionales.
Hasta el momento, no hay definiciones con respecto a la posibilidad de que uno de los centros incluidos sea el de San Pedro, que tiene sede en el CIC y está a cargo de Guadalupe Fraga.
"El Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones. Éstos le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes", expresó en un comunicado la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona.
"Todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las víctimas de Delitos. Por lo tanto, es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función", concluye el texto.
