La Jefa de Inspección de Enseñanza, Lorena López, informó sobre los resultados de la reunión que mantuvo ayer en San Nicolás con el Fiscal Federal Matías Di Lello y el Coadyuvante Wenceslao Insúa, en relación a la investigación por las múltiples amenazas de bombas que obligaron a la evacuación de escuelas. López indicó en el programa "Equipo de Radio" que "la preocupación y ocupación fue compartida".
"Tuve la oportunidad de tomar conocimiento de cómo avanzó la investigación, que ha tenido resultados positivos, aunque no se pueden dar a conocer todavía para no entorpecer la causa. Continuaremos colaborando desde educación, que tiene una mínima parte en la resolución de esta situación" expresó la inspectora.
Consultada sobre la posibilidad de que se determinen cambios en los protocolos para dar continuidad al dictado de clases, tal como lo solicitaron algunos padres, aclaró: "En la reunión quedó claro que dentro de la competencia del Ministerio de Justicia no se encuentra la facultad de modificar normas y regulaciones de seguridad que corresponden al Ministerio de Educación. Si hay una amenaza o cualquier otra situación peligrosa para el cuidado y bienestar de alumnos y docentes, hay que generar una evacuación. Obviamente, en estas últimas amenazas que llegaban directamente a la Comisaría será el personal policial quien dirima cómo actuar".
Mientras se desarrollaba la reunión, un grupo de padres se presentó en Inspección de Enseñanza para reclamar a las autoridades por la continuidad pedagógica, que de todos modos se había garantizado en la mayoría de los casos por disposición de los propios educadores y directivos a través de actividades enviadas a los alumnos. "Un grupo de familias vinieron a presentar sus inquietudes con respecto a la pérdida de días de clases y la necesidad de evacuar en estas situaciones. Cuando hay inquietudes, lo mejor es que la información circule correctamente" explicó López.
En relación al pedido para que, ante una amenaza, se traslade a los alumnos a espacios abiertos, clubes o incluso quinchos particulares o casas quintas, informó sobre la imposibilidad legal de este tipo de acciones: "No es viable este tipo de propuestas, porque deben estar dadas ciertas condiciones para el dictado de clases, fundamentalmente por la seguridad de los alumnos. Soy responsable de 107 ámbitos educativos y unos 14 mil alumnos y no hay lugares que cumplan las condiciones y se adecúen a la responsabilidad civil. También nos plantearon algunas familias por qué no pasamos directamente a la virtualidad y se suspenden las clases. Pero uno no puede tomar la decisión de suspender las clases en todo un distrito sin el debito justificativo y sustento, son decisiones que se toman ante cada circunstancia".
