La Justicia Federal de San Nicolás avanza en la investigación por las múltiples amenazas de bomba que se registraron en las últimas 48 horas en el partido de San Pedro. La Fiscalía a cargo del Dr. Matías Di Lello, que tiene como coadyudante al sampedrino Wenceslao Hernando Insúa, se hizo cargo de las actuaciones iniciadas por la Unidad Fiscal de Instrucción 7. Como se investiga un delito federal, la causa fue girada a ese fuero.
En el expediente ya constan los testimonios de autoridades educativas, puesto que los mensajes intimidatorios llegaron, en todos los casos, a la casilla de correo electrónico del centro de estudiantes de la Escuela Secundaria 4 (Normal). Una de las claves estará en el resultado del trabajo de los peritos informáticos a partir del seguimiento de la ruta de los mails recibidos.
Las amenazas comenzaron en la madrugada del lunes. En la primera de ellas avisaban al presidente del Centro de Estudiantes y sus directivos que habían puesto "una bomba en su institución que se activa cuando comienza su jornada educativa". Entre otras frases llamativas advertían que había "mercenarios acechándolos". Durante gran parte del día de ayer y esta mañana, los mails se sucedieron desde la misma dirección (anonymousAlqaeda1988@hotmail.com) con advertencias sobre explosivos en al menos otras 20 escuelas del distrito, la Municipalidad, la parroquia Socorro, la Biblioteca, los bancos y el Consejo Escolar.
Qué es la intimidación pública
El artículo 211 del Código Penal señala: “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.
Las hipótesis sobre los motivos que llevaron a este tipo de acción son múltiples, y van desde una situación propia del establecimiento educativo hasta un intento por desviar la atención de la policía para cometer un hecho delictivo más grave. Si bien algunas teorías conspirativas propias de las redes sociales fueron descartadas de plano por los investigadores, hay prudencia a la hora de analizar las pruebas existentes hasta el momento.
