El Sanatorio COOPSER reanuda la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Sanatorio COOPSER informó de manera oficial la normalización de sus servicios en consultorios para los beneficiarios de las obras sociales Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción en las prestaciones motivado por incumplimientos financieros. ​La decisión de restablecer la atención médica se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente que las mencionadas entidades mantenían con el centro de salud. Este avance en las negociaciones permitió destrabar el conflicto que afectaba la cobertura de una amplia nómina de afiliados en la región. ​A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas ambulatorias con normalidad. Los servicios se encuentran operativos para todas las especialidades y profesionales médicos que integran la cartilla del Sanatorio COOPSER, garantizando así la plena vigencia de los derechos prestacionales de los usuarios.

Allanamientos por amenazas: El informe del Ministerio Público Fiscal


El Ministerio Público Fiscal publicó en su sitio oficial un informe sobre el resultado de los allanamientos realizados esta madrugada en la ciudad de San Pedro en relación a las múltiples amenazas de bomba contra escuelas e instituciones públicas recibidas en la última semana. 

"Tras la investigación y el pedido realizado por el fiscal Matías Di Lello, a cargo de la Fiscalía Federal de San Nicolás, el Juzgado Federal N°2 de esa ciudad llevó adelante esta madrugada dos allanamientos en el marco de la causa donde se investiga el origen de las amenazas de bomba que se hicieron a escuelas y bancos de San Pedro durante esta semana" expresa el reporte.

En otro párrafo, agrega: "En el expediente se investiga lo sucedido entre el 8 y el 9 de abril cuando en distintos inmuebles (colegios, bancos y hasta la Municipalidad de San Pedro) se recibieron correos electrónicos anónimos donde se decía que se habían colocado artefactos explosivos dentro de ellos o en las inmediaciones. Esto llevó a la activación de protocolos de evacuación, revisión de edificios con personal policial anti-explosivos e incluso a la suspensión de clases".


Como dato agregado a los que habían trascendido hasta el momento, la Justicia Federal informó: "Los diversos textos amenazantes -junto con un mensaje enviado desde una cuenta de Instagram- fueron anexados a la causa y se solicitó a distintas empresas que remitieran información sobre las casillas involucradas. En este marco, la fiscalía contó con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolín, que remitió un informe al respecto". 

Tras la obtención de los primeros datos, el fiscal Di Lello solicitó al juez federal que se lleven adelante procedimientos en dos inmuebles de San Pedro, a lo que el magistrado hizo lugar. Los allanamientos fueron realizados por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que secuestró distintos elementos electrónicos que serán analizados por tener presuntamente vinculación con la pesquisa.

Entre los objetos incautados se encuentran dos televisores, una consola de videojuegos, una computadora y teléfonos celulares.