El propietario de un geriátrico ubicado en calle San Martín envió una carta documento al encargado de la Fiscalización de Instituciones Geriátricas y Concejal Municipal, Diego Lafalce.
En la misma, el empresario baraderense intima al funcionario a retractarse de sus declaraciones públicas en relación a las condiciones en que se encuentra el lugar y la necesidad de una clausura.
"Se me intima a retractarme de cosas que yo no hice. Lo único que hice fue informar a la Secretaría de Salud y al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para llevar adelante un cierre, junto con un desalojo" explicó Lafalce, en declaraciones al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3).
"Se da una denuncia por averiguación de ilícito, porque hay un órgano del estado que es el Ministerio de Salud, que dice que no está habilitado. Estuvo habilitado del año 90 al año 92 y desde entonces nunca más" agregó.
Lafalce sostuvo que "esto no comienza en 2019 cuando me hago cargo de la fiscalización de instituciones geriátricas, y no pasa solo por decir si está habilitado o no, también debe haber colchones ignífugos, camas ortopédicas, reserva de alimentos por si se presenta alguna contingencia, la cocina tiene que estar inmaculada. En ese contexto hubo muchísimas fallas, incluso con cuestiones edilicias. Esto no lo dice Diego Lafalce, lo dice el Ministerio de Salud, con sus inspectores, que informaron de estas deficiencias".
De acuerdo a lo indicado por Lafalce, el geriátrico "tendrían que haberlo clausurado en el año 2021". Consultado sobre el funcionamiento de un proceso de estas características, agregó: "Tendrían que haberlo clausurado en el año 2021. No está aceitado el proceso administrativo. Cuando se hace una clausura administrativa, la ley permite que hasta que se subsane la situación, puede tener albergadas a esas personas. Lo que no puede hacer es seguir admitiendo o albergando nuevos abuelos. A la cantidad de hechos que van sucediendo y reiteradas clausuras preventivas que tiene el Ministerio de Salud lo que hace es dar un plazo de cinco días y solicitan el desalojo del lugar. Eso es lo que sucede en 2021, después de muchas clausuras y apelaciones. Debió suceder en cinco días. El tema radica en que en la misma notificación solicitan que se informe a los familiares. No se encontró la lista de familiares, porque el titular se niega a darla. Es un lugar privado, yo ingresaba con permiso y anuencia del titular o personal que allí se encontraba".
En relación a la intimación por sus declaraciones públicas, agregó: "Yo lo invitaría a que lleve adelante la aventura jurídica y que pruebe que es falso lo que digo".
Finalmente, remarcó que "había personas menores de 60 años y otras con problemas de salud mental. Esta es una cuestión que excede a toda la norma, incluso de seguridad".
