A pedido de los concejales que integran los bloques políticos de la oposición, el próximo lunes, a las 11 horas, se desarrollará una nueva sesión extraordinaria del HCD, la última antes de la apertura del período ordinario.
El único tema del Orden del Día será el pedido de informes sobre la acción judicial iniciada por la empresa ARCOR contra el Municipio y la situación del barrio de las 84 viviendas.
La solicitud de sesión está firmada por los concejales Martín Rivas (Juntos por el Cambio), Diego Lafalce (Pro), Mauro De Rosa (La Libertad Avanza) y los radicales Hugo Binimellis, Paola Basso y Yanina Batalla.
En el pedido de informes, los autores (Rivas y De Rosa) toman los fundamentos del letrado de la empresa ARCOR y sostienen que el sorteo que otorgó las viviendas a sus actuales beneficiarios fue declarado nulo. Con la misma lógica, expresan la necesidad de consensuar con la empresa donante de los terrenos el listado de adjudicatarios y preguntan si es cierto que el expediente se extravió en la administración municipal.
La respuesta municipal
En su presentación ante la Cámara de Apelaciones, efectuada el año pasado, el Ejecutivo planteó que las acciones judiciales de Arcor están prescriptas, y aducen "una clara inacción o abandono de derechos por parte de Arcor, quien tardó 18 años para realizar la primera intimación, con la carta documento del 23 de enero de 2022 y 19 para iniciar una cautelar".
Además, recuerda que un convenio firmado en 2004 con el Instituto de la Vivienda y un contrato de donación con Arcor permitió acordar que las primeras casas serían utilizadas para el traslado de los vecinos de Bajo Puerto, y el resto para quienes el Municipio indique según su gestión de gobierno.
En tal sentido, las autoridades recuerdan que "en el relevamiento cosntataron 95 familias, de las que 80 fueron seleccionadas por el convenio con el Ministerio de Obras Públicas. El total de personas a reubicar, indica el Ejecutivo, fue cubierto con la mudanza del barrio Arcor, en el año 2007.
En otro párrafo, recordaron que antes del 2003, "personas que residían en el Bajo Puerto fueron reubicadas en los barrios 291 y 150 viviendas".
"Si se pretendiera que cualquier persona instalada actualmente en el Bajo Puerto es beneficiaria del cargo al que refiere la escritura de donación del año 2004, se llegaría al absurdo de considerar perpetuo el cargo impuesto a la Municipalidad, que tendría que erradicar personas del lugar sin solución de continuidad" expresa la documentación presentada por la Secretaría Legal y Técnica del Municipio.
