Acuerdo Ciudadano iría con lista propia y descarta alianzas con dirigentes "relacionados al masissmo o el kirchnerismo"

La mesa directiva de Acuerdo Ciudadano San Pedro se reunió ayer para establecer su política de adhesiones y alianzas de cara al cierre del plazo para la suscripción de frentes electorales, fijado para el próximo 9 de julio. Esta decisión se toma luego de la autorización emitida el 30 de junio por la Junta Promotora del espacio para formalizar alianzas ante la Honorable Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. En un comunicado oficial, la agrupación enfatizó su compromiso con la "renovación política" que motivó su formación. En ese sentido, la mesa directiva descartó cualquier vinculación con dirigentes o fuerzas políticas relacionadas con el kirchnerismo o el massismo , especialmente aquellas que "hayan tenido mandatos sin resultados visibles en la política sampedrina, provincial o nacional." 

Ocho policías, entre ellos un santalucense, detenidos en una causa que investiga múltiples delitos


Un total de 25 allanamientos fueron realizados en las últimas horas por fuerzas federales en San Nicolás, Ramallo y el partido de San Pedro, en el marco de una investigación conjunta de la Fiscalías 1 (Verónica Marcantonio) y 14 (Patricio Mugica Díaz), coordinados por la Dra. Sandra Bicetti.

Los procedimientos permitieron la detención de 8 funcionarios policiales, entre ellos el Oficial Principal Juan Ramón Reinoso en Santa Lucía. Además, 3 civiles también fueron identificados como partícipes en los hechos. 

En las diligencias fueron secuestradas armas de fuego, cocaína, marihuana, éxtasis, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dispositivos para el almacenamiento de datos, dinero en efectivo y vehículos. 

Los delitos investigados incluyen venta de estupefacientes, robos y hurtos calificados y privación ilegal de la libertad, entre otros. 

Además, las Fiscalías determinaron que se efectuaban custodias sin estar registradas y sin dar aviso a sus superiores, manejo discrecional de las horas adicionales (CORE) y retornos de dinero, delitos que configuran un fraude a la administración pública.