El Secretario de Obras Públicas, Javier Silva, explicó la posición del Municipio en relación al conflicto que originó incidentes, durante la última semana, en los terrenos de Indalar.
La empresa ARCOR emitió un comunicado en el que sostuvo que su intención de delimitar con alambrado el predio costero frente a Bajo Puerto había sido comunicada al Municipio, y que buscaba proteger su propiedad privada. Vecinos del barrio se resistieron a esa acción y reclamaron que se avance en su pedido para declarar ese predio de interés público y sujeto a expropiación.
"El Municipio no estaba al tanto de esta delimitación. En medio de este conflicto que está llevando adelante la empresa con los vecinos, la Municipalidad buscaba interceder para que no escale al punto al que llegó" sostuvo Silva, en declaraciones a "Equipo de Radio".
"Siempre la postura de la Municipalidad fue que se acercaran las diferencias y que el predio por sus características y la ley que está rigiendo hoy en día sirviera para un emprendimiento en común que beneficiara los vecinos" agregó. "La idea siempre fue tratar de que los vecinos puedan seguir utilizando el terreno para esparcimiento y para su trabajo diario. La mayoría de ellos están abocados al trabajo de la pesca y viven de eso como único medio de sustento para sus familias" puntualizó en el mismo sentido el funcionario.
"La petición que hace "San Marcos Trading" que es la empresa que le alquila a ARCOR para instalar una arenera, no tiene todavía un estudio de impacto ambiental. También pesa sobre la misma tierra una delimitación de la línea de ribera que no permitiría el desarrollo de ninguna actividad industrial ni estructura de carácter permanente" detalló.
Legislación de origen
Silva explicó que se está analizando el pedido realizado por los vecinos para que el Concejo Deliberante declare de interés público ese espacio, y eventualmente someterlo a una expropiación, adquiriéndolo a precio de mercado con el apoyo de fondos provinciales o nacionales.
En tal sentido, trajo a colación la legislación aprobada sobre ese terreno en 1975 y derogada por un decreto ley de la dictadura militar.
"Se está hablando de una Ley , la 8.385 del 1 de abril de 1975, que después fue derogada por un decreto ley, propiciando que Indalar y luego ARCOR accedan a esos terrenos".
La Ley 8.385 declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos que eran propiedad de Ferrocarriles y Elevadores Depietri Sociedad Anónima, transfiriéndolos a la Municipalidad de San Pedro en carácter de donación, con destino a zona industrial.
A su vez, el decreto ley 8.669, del 22 de noviembre de 1976 (en los primeros meses de la dictadura), deroga la norma anterior, basada en un pedido de la propia comuna y de la Dirección de Industria "por no contar con los recursos necesarios".
El 27 de Diciembre de 1976, un mes más tarde, Indalar (empresa formada en marzo de ese año) adquirió los terrenos de la sucesión de Depietri. Con el paso del tiempo, Indalar sería absorvida por ARCOR.
"Cuando un inmueble es declarado de interés público se lo quita de la comercialización y esta ley era un impedimento para que estas tierras que eran de Ferrocarriles y Elevadores Depietri pudiera pasar a otra persona. El Director de Industria, de fuerte relación con ARCOR, impulsa la derogación de la ley de expropiación y de esa forma deja el camino libre para la acción empresaria" indicó.
