El Sanatorio COOPSER reanuda la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Sanatorio COOPSER informó de manera oficial la normalización de sus servicios en consultorios para los beneficiarios de las obras sociales Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción en las prestaciones motivado por incumplimientos financieros. ​La decisión de restablecer la atención médica se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente que las mencionadas entidades mantenían con el centro de salud. Este avance en las negociaciones permitió destrabar el conflicto que afectaba la cobertura de una amplia nómina de afiliados en la región. ​A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas ambulatorias con normalidad. Los servicios se encuentran operativos para todas las especialidades y profesionales médicos que integran la cartilla del Sanatorio COOPSER, garantizando así la plena vigencia de los derechos prestacionales de los usuarios.

Promulgan la ley que protege a asociaciones civiles durante el aislamiento


El Poder Ejecutivo bonaerense promulgó la ley que declara de interés público a las asociaciones civiles de primer grado, y les otorga beneficios impositivos y exenciones de tarifas mientras continúe el aislamiento social por la pandemia del coronavirus.

La iniciativa declara de "interés público provincial tanto a las asociaciones civiles de bajos recursos y a las que estén constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios y mutuales de comunidades migrantes", entre otras entidades.

La norma establece que las asociaciones y mutuales abarcadas "podrán acceder a beneficios tales como tarifa cero en el servicio público de agua, gas, electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto mientras dure la emergencia sanitaria".

También, contempla una prórroga de los plazos para presentar la documentación anual; exención del Impuesto Inmobiliario; condona deudas documentales; asesoramiento técnico gratuito; plantea la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles de las asociaciones de primer grado y la eliminación de los gastos para el proceso de constitución de nuevas asociaciones, entre otras cuestiones.

La norma fija que, "una vez concluida la emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar el beneficio de tarifa cero de servicios públicos para las asociaciones civiles".

Además, se facultó al Poder Ejecutivo a crear un fondo extraordinario de emergencia para el otorgamiento de subsidios y que sean destinados "a adecuar instalaciones de acuerdo a los nuevos protocolos y para solventar gastos" y que éstos puedan tramitarse en los municipios.

Cuando se sancionó la norma, el autor de la iniciativa, el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Facundo Tignanelli, había resaltado que la norma tenía por objetivo “facilitar una protección mayor del Estado a asociaciones como centros de jubilados, clubes de barrio, centros culturales y sociedades de fomento, entre otras, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires".

"Estas asociaciones se han convertido en intermediarias imprescindibles para el acceso a muchos derechos y la mitigación de todo tipo de necesidades sociales", graficó el legislador en relación al rol de estas organizaciones en el marco de la pandemia de coronavirus.