El Sanatorio COOPSER reanuda la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Sanatorio COOPSER informó de manera oficial la normalización de sus servicios en consultorios para los beneficiarios de las obras sociales Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción en las prestaciones motivado por incumplimientos financieros. ​La decisión de restablecer la atención médica se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente que las mencionadas entidades mantenían con el centro de salud. Este avance en las negociaciones permitió destrabar el conflicto que afectaba la cobertura de una amplia nómina de afiliados en la región. ​A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas ambulatorias con normalidad. Los servicios se encuentran operativos para todas las especialidades y profesionales médicos que integran la cartilla del Sanatorio COOPSER, garantizando así la plena vigencia de los derechos prestacionales de los usuarios.

Detenido con pedido de captura por un homicidio del 2006

Personal policial que recorría la zona céntrica de la ciudad intentó ayer identificar a dos personas. De acuerdo a lo informado desde la Comisaría local, demostraron actitud hostil, resistiéndose al procedimiento e intentando agredir a los uniformados.
Tras su aprehensión, constataron que uno de ellos registraba pedido de captura activa por una causa de "Homicidio calificado" del año 2006, a requerimiento de la Fiscalía de San Nicolás.

Posteriormente, trascendió que se trata de Nazareno Branto, imputado y condenado por el asesinato del agente penitenciario Juan Carlos Dumbsky, en un asalto a un minimercado en Baradero en octubre de 2006.
Lo llamativo del caso es que Branto estuvo en San Pedro y se puso a disposición de la Justicia cuando apareció mencionado como sospechoso del crimen del policía Nelson Lillo, por el que finalmente fue detenido su padre, Roberto Gerardo Branto Ayala.
La policía aguarda las resoluciones que adopte la Justicia en relación a la situación procesal del aprehendido.