Obras de mejora en Centros de Jubilados con aportes provinciales

Las gestiones concretadas por el intendente Cecilio Salazar ante el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, permitieron al Municipio de San Pedro destinar un total de $2.600.000 a diversas instituciones de la tercera edad. La inversión beneficia directamente a las sedes de San Pedro, Los Aromos, Río Tala y Vuelta de Obligado. Los fondos fueron asignados a través del programa Mayores Bonaerenses Activos, en el marco de un convenio celebrado entre la comuna y la cartera provincial. Esta iniciativa busca fortalecer el funcionamiento diario de los centros mediante obras edilicias, refacciones estructurales y la compra de equipamiento clave para la atención de sus socios. Para supervisar el estado de los trabajos, el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter SÔnchez, junto a la directora de Adultos Mayores, Silvia Triñanes, realizaron un recorrido por las sedes de San Pedro, Los Aromos y Río Tala, donde dialogar...

Consorcios portuarios firmaron un convenio anticorrupción

Con información de diario "El Día"
Con el objetivo de "combatir la corrupción y promover acciones tendientes a la consolidación y fortalecimiento institucional", el Gobierno de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con los presidentes de los consorcios portuarios bonaerenses.
El acto se realizó en las oficinas del Ministerio de Producción bonaerense, en La Plata. Contó con la presencia del ministro de Producción, Javier Tizado; el Director Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional, Luis María Ferella; y los representantes de los puertos de Bahía Blanca (Miguel Ángel Donadío), Dock Sud (Alejandro Semmartin), La Plata (José María Dodds), Mar del Plata (Martín Merlini), Quequén (Arturo Rojas) y San Pedro (Marcos Eliseo Almada).

En tanto, el consorcio del puerto de San NicolÔs suscribirÔ el respectivo acuerdo cuando se lleve a cabo la designación de su presidente, como así también lo harÔ el puerto de Coronel Rosales, una vez finalizado su proceso de conversión a Consorcio.
Con la firma del convenio, y en el marco del Programa de Integridad en Empresas del Estado de la provincia de Buenos Aires, los presidentes de los consorcios asumirÔn el compromiso de transparencia presentando declaraciones juradas, llevando un registro de socios comerciales y proveedores, fomentando a los empleados a reportar situaciones contrarias a la ética pública o de hechos de corrupción y habilitando mecanismos de denuncias pertinentes.
AdemÔs, deberÔn designar un Oficial de Cumplimiento Estatal (OCE), posibilitar el acceso irrestricto a toda la información requerida por éste en cumplimiento de sus funciones, proveer al mismo de los medios y recursos para el desempeño de sus deberes en relación al tamaño y capacidad económica de la organización. Asimismo, comunicarÔn al resto del directorio quién serÔ designado como OCE, que velarÔ por el correcto desenvolvimiento del plan y actuarÔ como enlace entre el directorio y la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI).
A ese respecto, el titular de la cartera de Producción bonaerense manifestó que “este acuerdo se enmarca dentro de las polĆ­ticas de control y transparencia en las empresas y organismos pĆŗblicos impulsadas por la Gobernadora MarĆ­a Eugenia Vidal, para garantizar el correcto uso en el manejo de los recursos pĆŗblicos de todos los Bonaerenses”.
En tanto, Ferella sostuvo que “esta es una medida ejemplar. Los puertos siempre fueron mirados como un Ć”rea crĆ­tica de la provincia y esta es una firma decisión. AcompaƱamos esta polĆ­tica con un programa de integridad desarrollado para cada uno de los consorcios portuarios. Vamos a ir construyendo conjuntamente programas de integridad para cada uno de los puertos y a seguir de cerca el programa, los avances y el acompaƱamiento que necesiten”.
Por último, la OFI prestarÔ la asistencia técnica requerida para la elaboración de una evaluación de riesgo/ diagnóstico a fin de determinar aquellas debilidades operacionales o procedimentales que favorecen la existencia y reproducción de prÔcticas ineficientes o contrarias a la ética pública.