El Sanatorio COOPSER reanuda la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Sanatorio COOPSER informó de manera oficial la normalización de sus servicios en consultorios para los beneficiarios de las obras sociales Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción en las prestaciones motivado por incumplimientos financieros. ​La decisión de restablecer la atención médica se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente que las mencionadas entidades mantenían con el centro de salud. Este avance en las negociaciones permitió destrabar el conflicto que afectaba la cobertura de una amplia nómina de afiliados en la región. ​A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas ambulatorias con normalidad. Los servicios se encuentran operativos para todas las especialidades y profesionales médicos que integran la cartilla del Sanatorio COOPSER, garantizando así la plena vigencia de los derechos prestacionales de los usuarios.

Consorcios portuarios firmaron un convenio anticorrupción

Con información de diario "El Día"
Con el objetivo de "combatir la corrupción y promover acciones tendientes a la consolidación y fortalecimiento institucional", el Gobierno de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con los presidentes de los consorcios portuarios bonaerenses.
El acto se realizó en las oficinas del Ministerio de Producción bonaerense, en La Plata. Contó con la presencia del ministro de Producción, Javier Tizado; el Director Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional, Luis María Ferella; y los representantes de los puertos de Bahía Blanca (Miguel Ángel Donadío), Dock Sud (Alejandro Semmartin), La Plata (José María Dodds), Mar del Plata (Martín Merlini), Quequén (Arturo Rojas) y San Pedro (Marcos Eliseo Almada).

En tanto, el consorcio del puerto de San Nicolás suscribirá el respectivo acuerdo cuando se lleve a cabo la designación de su presidente, como así también lo hará el puerto de Coronel Rosales, una vez finalizado su proceso de conversión a Consorcio.
Con la firma del convenio, y en el marco del Programa de Integridad en Empresas del Estado de la provincia de Buenos Aires, los presidentes de los consorcios asumirán el compromiso de transparencia presentando declaraciones juradas, llevando un registro de socios comerciales y proveedores, fomentando a los empleados a reportar situaciones contrarias a la ética pública o de hechos de corrupción y habilitando mecanismos de denuncias pertinentes.
Además, deberán designar un Oficial de Cumplimiento Estatal (OCE), posibilitar el acceso irrestricto a toda la información requerida por éste en cumplimiento de sus funciones, proveer al mismo de los medios y recursos para el desempeño de sus deberes en relación al tamaño y capacidad económica de la organización. Asimismo, comunicarán al resto del directorio quién será designado como OCE, que velará por el correcto desenvolvimiento del plan y actuará como enlace entre el directorio y la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI).
A ese respecto, el titular de la cartera de Producción bonaerense manifestó que “este acuerdo se enmarca dentro de las políticas de control y transparencia en las empresas y organismos públicos impulsadas por la Gobernadora María Eugenia Vidal, para garantizar el correcto uso en el manejo de los recursos públicos de todos los Bonaerenses”.
En tanto, Ferella sostuvo que “esta es una medida ejemplar. Los puertos siempre fueron mirados como un área crítica de la provincia y esta es una firma decisión. Acompañamos esta política con un programa de integridad desarrollado para cada uno de los consorcios portuarios. Vamos a ir construyendo conjuntamente programas de integridad para cada uno de los puertos y a seguir de cerca el programa, los avances y el acompañamiento que necesiten”.
Por último, la OFI prestará la asistencia técnica requerida para la elaboración de una evaluación de riesgo/ diagnóstico a fin de determinar aquellas debilidades operacionales o procedimentales que favorecen la existencia y reproducción de prácticas ineficientes o contrarias a la ética pública.