Alejandro Rusconi, Secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, habló sobre la intervención del organismo para tratar de evitar el desalojo de los terrenos usurpados en Cruz Roja y Dávila.
El funcionario confirmó que la delegación San Nicolás de la Defensoría presentó un escrito ante el Juzgado de Garantías pidiendo que se frene el procedimiento policial.
"La función del Defensor del Pueblo es la defensa de los derechos de los habitanes del estado bonaerense. Al tomar conocimiento que en ese predio hay niños y discapacitados entendimos que como defensoría teníamos que tomar intervención para que se garanticen condiciones habitacionales dignas. La ley prevé 180 días para suspender el desalojo y tendría que haber tomado intervención la Subsecretaría de Tierras" agregó Rusconi.
Desde la Defensoría pidieron "una mesa de gestión que integre también al Municipio para buscar una solución para que no sea un desalojo violento, porque cuando hay menores hay que dar intervención a Minoridad" aclaró.
Como ejemplo de las posibles soluciones, expresó que "en La Plata se hicieron relocalizaciones, porque si hay un predio provincial o municipal se reubican las familias allí".
A su vez, informó, en relación a la parcela de terreno cuyo propietario no se presentó ante la Justicia, que "nosotros el escrito como defensoría lo presentamos ante el juzgado, pero ella como fiscal (la Dra. Ramos) tiene que saber qué terreno va a desalojar, porque está actuando el estado".
Además, confirmó que dieron intervención a la Comisión Provincial por la Memoria "por el despliegue policial y represivo. Si había una orden de desalojar unos lotes y además desalojaron los vecinos hay una extralimitación".
