La empresa COPLAC y los trabajadores despedidos quedaron en medio de un cruce de decisiones judiciales que podrían generar graves consecuencias.
La Justicia Laboral debería iniciar este martes un inventario de bienes en la planta sampedrina de la firma de capitales brasileños. De esa forma, comenzarían a cumplirse los pasos para el embargo que podría garantizar el futuro pago de indemnizaciones a los empleados cesanteados.
Sin embargo, esa diligencia se vería complicada por otra acción solicitada por la UFI 11, a cargo de la Dra. Viviana Ramos. Se trata de un allanamiento, que se concretaría desde las primeras horas de la mañana, con la intención de secuestrar los moldes pertenecientes a la empresa Géneral Motors, de la que COPLAC era proveedora.
Atentos a esa situación, centrales obreras y movimientos sociales anticiparon que acompañarán a los despedidos en su objetivo de resistir, para evitar un vaciamiento que pueda complicar sus chances de cobro.
El abogado de los trabajadores, Dr. Carlos Casini, solicitó que el allanamiento se postergue, permitiendo de ese modo que se trabe el embargo. Una vez que eso suceda, General Motors podría tramitar ante la Justicia laboral la restitución de sus bienes.
