La Dra. Viviana Ramos, titular de la UFI 11, expresó que "decir que la orden que yo di era un allanamiento para secuestrar maquinarias embargadas es una mala información que circuló malintencionadamente".
En tal sentido, aclaró los términos judiciales que definen las medidas adoptadas: "Es una causa que lleva más de un mes por una denuncia del representante de la empresa COPLAC. Se empezó a monitorear esa situación, pero en virtud de que era una fábrica cerrada no se producían demasiados conflictos. En el marco de esta causa y por la intervención de Villarruel, se me solicita la necesidad de retiro de matrices que pertenecen a General Motors. Así que se disputo un acompañamiento policial a ese efecto, medida que se iba a hacer la semana pasada y que por cuestiones logísticas no pudo resolverse".
Molesta con la actitud del abogado de los trabajadores, agregó: "Casini en ningún momento manifestó que estas maquinarias estaban en ciernes de ser embargadas. La resolución del Tribunal de Trabajo está fechada el 11 de octubre, pero no había sido notificada al oficial de Justicia, ni al Juzgado de Paz, ni a la Fiscalía. Ayer a la tarde se comunica conmigo cuando el procedimiento estaba en marcha".
Ramos confirmó que "los camiones que tenían que retirar la maquinaria se fueron, porque tuvieron inconvenientes para llegar, así que va a ser imposible que se instrumente la medida, y si se traba el embargo, ya no podrá concretarse".
