Bajo el título “La fiscal que hacía todo mal: indagatorias truchas, causas impunes y delincuentes libres”, el diario Clarín publicó este domingo un informe acerca de la destitución de la Dra. Gabriela Ates al frente de la UFI 7.
Con la firma de Natalia Iocco, el artículo publicado en el diario más vendido del país incluye testimonios de familiares de víctimas de hechos delictivos que quedaron impunes.
Además de un breve repaso por las causas iniciadas contra Ates en agosto del 2007, abril de 2013, julio de 2013 y julio de 2014, profundiza en la resolución adoptada por el Jury de Enjuiciamiento.
A continuación, parte del informe
periodístico:
“La historia se inició en agosto
de 2007 -según quedó probado en el jury, que la destituyó por unanimidad-
cuando Ates “falseó un acta de declaración” de un detenido para que quedara
preso. En aquel entonces a Claudio Fuhr lo habían acusado de intentar robar
unas cañas de un campo y de hurtar un caballo. Los delitos eran “tentativa de
robo en despoblado” y “abigeato”, confirmaron sus defensores de entonces.
El sospechoso pasó casi un mes
tras las rejas hasta que lo citaron a declarar por esos dos delitos, ambos
excarcelables. Pero entre una audiencia y otra apareció una tercera acusación
que nadie esperaba: “Robo agravado por uso de arma de fuego”. Sin decirle a él
ni a sus abogados, le adjudicaban el asalto a una verdulería de San Pedro.
El jurado que destituyó a Ates
estuvo compuesto por Hilda Kogan (titular de la Suprema Corte) y los conjueces
Osvaldo Pisani, Eduardo Zimmermann, Luis Laino, Gonzalo Pérez Colman y Héctor
Blanco Kuhne.
“Ates, en tiempos inusuales, pidió la prisión
preventiva a los pocos días. Luego de hacer la defensa de los dos hechos, el
juez le señala el tercero, más grave, que era el robo calificado por el uso de
arma de fuego. Cuando muestra el acta, la contrastamos con la copia original,
firmada por las partes en la declaración y había sido modificada”, recordó
Pablo Pratti, defensor oficial de San Nicolás.
Como consideraron que Fuhr “no
tuvo derecho de defensa y no tuvo las garantías procesales que debe tener
cualquier ciudadano”, lo absolvieron. En ese pedido, quedó constancia de la
falsificación y advirtieron que esa “irregularidad podría comprender un delito
de la acción pública”. Entonces comenzó la investigación penal que todavía no
fue resuelta.
Los fiscales de San Nicolás se excusaron de investigar por sus vínculos con Ates.En Zárate-Campana tampoco la causa avanzó demasiado. En paralelo, el Jury también se dilató y demoraron 11 años en juzgarla”.
