Luego de una serie de operativos de fiscalización catastral, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó más de 500 mil metros cuadrados construidos sin declarar y notificó a los propietarios de los inmuebles para que regularicen su situación.
San Pedro fue uno de los distritos que fueron verificados, a partir del acuerdo con la Municipalidad
Sobre un total de 16.382 partidas inmobiliarias controladas en distintos puntos del territorio bonaerense, el 31% presentó irregularidades.
Muchas de esas infracciones involucraron a predios donde funcionan industrias y comercios en actividad, que se encontraban registrados como terrenos baldíos.
El director de ARBA, Gastón Fossati, explicó que "a partir de mecanismos de fiscalización presencial y satelital pudimos detectar más de cinco mil casos de evasión en el Impuesto Inmobiliario", y puntualizó que "logramos identificar edificaciones muy importantes que estaban sin declarar".
A la vez, destacó; "Estamos profundizando los controles vinculados a los impuestos patrimoniales para terminar con las situaciones de incumplimiento".
E hizo hincapié en que "avanzar contra esta modalidad de evasión es una forma de llevar justicia y equidad a los bonaerenses, porque si todos tributan en igualdad condiciones se fortalecen los recursos de la Provincia y nuestros vecinos pueden vivir mejor".
Los inmuebles en infracción están localizados en las ciudades de Bahía Blanca, Chascomús, Brandsen, Lezama, Castelli, Tandil, Dolores, Escobar, Tigre, Malvinas Argentinas, Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Necochea, San Pedro, 25 de Mayo y Coronel Vidal.
Además de los establecimientos industriales y comerciales declarados como baldíos, los fiscalizadores de ARBA detectaron viviendas, hoteles, complejos de spa y hasta shoppings que contaban con mejoras y ampliaciones que sus dueños nunca informaron.
Según la normativa vigente, los propietarios están obligados a denunciar cualquier cambio edilicio ante la Agencia de Recaudación dentro de un término máximo de 30 días, a partir de que la modificación se encuentre en condiciones de habitabilidad.
Si no se declara la verdadera situación del inmueble en el plazo estipulado, el organismo provincial tiene la posibilidad de incorporar las mejoras de oficio y aplicar las multas correspondientes.
