Néstor Dolera, abogado de la comisión directiva de Pesca y Casting, dio detalles a La Radio 92.3 de los argumentos que planteará para que el club pueda seguir a cargo del predio costero en el que la Municipalidad proyecta una playa pública.
El letrado adelantó que intentarán que la causa salga del Juzgado de Faltas y llegue a la Justicia Ordinaria.
Dolera recordó que “el Juzgado de Faltas dispuso una clausura preventiva por la falta de habilitación, pidiendo el contrato de locación que une al puerto con el club, pero el tema es que no puede haber un contrato, porque hay un juicio de desalojo desde el año 2008, del que mis clientes se notificaron en 2013, y de ahí el proceso quedó muerto”.
Pesca y Casting pidió la caducidad del proceso, que ahora se abrirá a prueba. “Todo esto se origina por la falta de pago del canon, que pasó de 700 pesos a 10.000 en el año 2008, y de ahí a 50.000 ahora. Yo hablé con la letrada del puerto, y la postura muy clara es que quieren que desalojen el predio”.
“Es una cuestión en la que nada tiene que ver el Municipio. El puerto inició una demanda de desalojo en el Juzgado Civil y Comercial 2, y nosotros vamos a iniciar el derecho de defensa que corresponda” explicó Dolera.
El responsable del estudio jurídico que se hizo cargo del caso desde hace poco más de diez días, consideró que “con la clausura y con todo este expediente, subyace otra trama política”. En ese sentido, profundizó: “Si desde el año 2008, que no tiene la habilitación por qué solo en los últimos cuatro o cinco meses se aceleró todo? Hay una trama política atrás”.
El letrado adelantó los próximos pasos que se seguirán en el ámbito judicial: “Será la Justicia quien se expida en su oportunidad. Hicimos el descargo, nos presentamos, y pedimos una prórroga, que no la van a otorgar. Así que vamos a recurrir a la Justicia ordinaria para que se expida, vamos a sacar la causa del Juzgado de Faltas, que responde al Ejecutivo Municipal. En principio, lo que vamos a hacer es intentar buscar los métodos para volver a habilitarlo. Si no lo hacemos por el Juzgado de Faltas lo haremos por la Justicia ordinaria. Mis clientes gozan del derecho de la posesión del lugar”.
Dolera cargó también contra la actitud asumida por las autoridades municipales: “La última medida que hizo el Municipio es sacarle el medidor de agua, es una cosa de locos, un atropello. Nosotros podemos charlar, pero no que se tomen estas medidas que no hacen otra cosa que empeorar la situación. Hay gente que está viviendo ahí adentro. Un relevamiento determinó que hay once familias que están viviendo ahí, y a los que están privando de agua”.
