APINTA, el gremio del personal del INTA, desarrolló este viernes una jornada de protesta a nivel nacional, que continuó este sábado en San Pedro durante la feria “Frutos de la Tierra y el Río”.
El gremio se declaró en estado de alerta y movilización general tras la difusión de una serie de informaciones que afectan la continuidad de los puestos y líneas de trabajo sustanciales del instituto.
Dos son los ejes centrales que preocupan a la entidad gremial: por un lado, el informe elaborado por el Ministerio de Modernización según el cual la dotación actual está excedida en 750 personas (lo que equivale a más de un 10% de la dotación total) y, por el otro, las previsiones de presupuesto para 2018, a partir de lo presentado al Congreso Nacional, en el que faltan 300 millones de pesos para alcanzar el volumen que permitiría al INTA funcionar normalmente.
Respecto al primer punto, APINTA rechazó el informe de Modernización y apoya la propuesta de las autoridades del INTA a ese Ministerio de realizar un nuevo trabajo de análisis contemplando las particularidades de las distintas unidades del INTA en los diversos territorios.
Esa propuesta partió de Amadeo Nicora y Mariano Bosch, presidente y vicepresidente del INTA, quienes expresaron a Modernización su desacuerdo con la metodología utilizada para estimar la dotación ideal de personal del INTA, dadas las complejidades particulares de este organismo que desarrolla sus actividades en todo el territorio nacional, en más de 30 cadenas agroalimentarias y en contextos tan diversos ambiental y socialmente.
En cuanto al aspecto presupuestario, el gremio demanda un aumento de 600 millones en el Presupuesto 2018 en el que permitan no sólo garantizar el normal funcionamiento sino realizar inversiones clave para la seguridad de sus trabajadores, tales como reposición de vehículos o instrumental de laboratorio actualmente obsoleto.
Además de estos ejes, resultan extremadamente preocupantes informaciones de la prensa de los últimos días respecto a la derogación del régimen previsional especial para los investigadores científicos Ley 22.929 (que alcanza actualmente al personal del INTA) así como los trascendidos de funcionarios que abordan la reestructuración de organismos descentralizados como el INTA o el Senasa. “Reestructuración” es un término que resuena fuerte en la memoria institucional del instituto, ya que en los años 90 fue el término que significó en lo concreto una reducción del 20% del personal y el cierre de agencias de extensión rural en distintos puntos del país.
