El Sanatorio COOPSER reanuda la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Sanatorio COOPSER informó de manera oficial la normalización de sus servicios en consultorios para los beneficiarios de las obras sociales Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción en las prestaciones motivado por incumplimientos financieros. ​La decisión de restablecer la atención médica se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente que las mencionadas entidades mantenían con el centro de salud. Este avance en las negociaciones permitió destrabar el conflicto que afectaba la cobertura de una amplia nómina de afiliados en la región. ​A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas ambulatorias con normalidad. Los servicios se encuentran operativos para todas las especialidades y profesionales médicos que integran la cartilla del Sanatorio COOPSER, garantizando así la plena vigencia de los derechos prestacionales de los usuarios.

Deudas de hasta 7 meses comprometen a las comunidades terapéuticas

La Comunidad Terapéutica “Los Naranjos” adhirió a un comunicado de la Federación de Organismos no Gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas. 
La entidad reiteró su “preocupación por el atraso por parte de la Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y Adicciones y del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires en el pago de servicios de tratamiento para personas con consumo problemático de drogas”. 

El Licenciado Daniel Agazzi, director de Los Naranjos, explicó que “como institución sólida en sus principios, con más de 20 años de funcionamiento ininterrumpido en el cumplimiento de los objetivos para la que fue creada, enfrenta hoy una situación inédita en lo financiero”. 
Además, convocaron a “quienes en algún momento han recibido algo de nuestro trabajo a lo largo de estos años, para lograr superar esta situación de la que no somos responsables”. 
El documento de “FONGA” detalla que los servicios impagos tienen hasta 7 meses de antigüedad, lo que compromete seriamente el normal funcionamiento de las instituciones y plantea serios problemas a la hora de cumplir con las obligaciones. 
“En la mayoría de los casos nos encontramos con dificultades administrativas para organizar nuestros reclamos y con limitaciones por parte de las autoridades al momento de asignarnos los números de expediente que permitan su seguimiento y resolución. Es necesario resolver esta situación cuanto antes para que las instituciones dedicadas a prevención y tratamiento de adicciones podamos tener un marco de orden y previsibilidad al momento de prestar nuestros servicios” expresa la nota.