El Sanatorio COOPSER reanuda la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Sanatorio COOPSER informó de manera oficial la normalización de sus servicios en consultorios para los beneficiarios de las obras sociales Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción en las prestaciones motivado por incumplimientos financieros. ​La decisión de restablecer la atención médica se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente que las mencionadas entidades mantenían con el centro de salud. Este avance en las negociaciones permitió destrabar el conflicto que afectaba la cobertura de una amplia nómina de afiliados en la región. ​A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas ambulatorias con normalidad. Los servicios se encuentran operativos para todas las especialidades y profesionales médicos que integran la cartilla del Sanatorio COOPSER, garantizando así la plena vigencia de los derechos prestacionales de los usuarios.

Docentes advierten sobre jubilaciones en riesgo por la “armonización”

A partir de la ley de "reparación histórica" a los jubilados, quedó aprobado el decreto 894/16 del Ejecutivo Nacional. 
El mismo establece una “armonización” de los Sistemas Previsionales Provinciales, que en el caso de la provincia de Buenos Aires comprende al Instituto de Previsión Social. 

Este cambio permite a la ANSES auditar las cajas previsionales provinciales y, a partir de ello, negarse y otorgar financiamiento. También “armonizar” la edad jubilatoria, subiéndola en el caso de los docentes a 60 y 65 años. 
Además, el tiempo de servicio pasaría a 30 años y se modificaría la movilidad de haberes, lo que implicaría perder los aumentos en paritarias. Vale señalar que los docentes bonaerenses aportan el 16% de sus haberes, en lugar del 11 % del resto de los trabajadores, lo que les permite completar sus aportes y jubilarse antes, generando espacios para nuevos docentes. 
 El decreto establece 120 días para la “armonización” que comenzó a correr el 27 de julio pasado, 120 para auditar y que las provincias firmen el compromiso y 4 años para que la normativa quede totalmente “armonizada” con la nacional.