El Sanatorio COOPSER reanuda la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Sanatorio COOPSER informó de manera oficial la normalización de sus servicios en consultorios para los beneficiarios de las obras sociales Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción en las prestaciones motivado por incumplimientos financieros. ​La decisión de restablecer la atención médica se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente que las mencionadas entidades mantenían con el centro de salud. Este avance en las negociaciones permitió destrabar el conflicto que afectaba la cobertura de una amplia nómina de afiliados en la región. ​A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas ambulatorias con normalidad. Los servicios se encuentran operativos para todas las especialidades y profesionales médicos que integran la cartilla del Sanatorio COOPSER, garantizando así la plena vigencia de los derechos prestacionales de los usuarios.

Caso Espíndola: Comienza el lunes el juicio oral contra los inspectores

El próximo lunes se desarrollarán las audiencias del juicio oral y público contra los inspectores que participaron de la persecución del motociclista que, a su vez, chocó contra la moto en la que circulaba Maximiliano Espíndola, en abril de 2012. 
El joven sufrió gravísimas lesiones, permaneció en coma durante 42 días y 6 meses internado. 

En un fallo vergonzoso, la Justicia dictaminó, hace poco más de un mes, que quien lesionó a Espíndola fuera sancionado con una multa de apenas 3 mil pesos y lo inhabilitó por 18 meses. 
Ahora, los inspectores que lo persiguieron luego de que esquivara un control de tránsito (Diego Belesi y Rodolfo Romero) irán a juicio oral y podrían enfrentar pena de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. 
El Dr. Hugo Lima, abogado de Belesi y Romero, confirmó que el juzgamiento es por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. 
Luego de una suspensión, se reincorporaron a su condición de agentes municipales, aunque en otras áreas, situación que generó el rechazo de la familia de Espíndola. 
 Una cámara de seguridad en calle Güemes pudo registrar la persecución, aunque luego los inspectores declararon, en su condición de testigos (en su momento), que doblaron en otra dirección antes de que el choque se produjera. 
 La Dra. Marisa López Bravo, abogada de la familia Espíndola, apunta a las incongruencias en las declaraciones durante el proceso que llevó adelante la Fiscalía 7. 
“El Estudio Lima ya estaba trabajando en la causa desde el principio y no desde hace poco tiempo (como lo afirma el abogado). La cuestión es que nunca se presentó en la causa, porque Lima era en ese momento el abogado de la Dra. Gabriela Ates, lo que representa una incompatibilidad”.