Docentes de la Secundaria 8 reclaman medidas ante los hechos de violencia

Docentes de la Escuela de Educación Secundaria N°8 de San Pedro han elevado una carta a las autoridades educativas regionales y distritales, expresando su profunda preocupación y solicitando urgente intervención ante los crecientes hechos de violencia registrados en el distrito. La misiva detalla el grave episodio ocurrido el pasado viernes 6 de junio, en el cual la madre de una alumna agredió de manera verbal y física a la directora de la institución, Profesora Romina Pascual. Este incidente, según los docentes, "no solo atentó contra la integridad de una autoridad escolar, sino que también expuso a toda la comunidad educativa a una situación de violencia inaceptable dentro del ámbito escolar".

Consejo Escolar rechaza contratar a privados para reemplazar a auxiliares

El Consejo Escolar de San Pedro emitió un comunicado en relación a la resolución 142/16 de la Dirección General de Cultura y Educación. 
La medida autoriza a los Consejos Escolares a intervenir ante la medida gremial en curso de un sector de los trabajadores auxiliares de la educación. Además, habilita a coordinar con particulares las tareas que corresponden a los empleados que realizan una retención de tareas. 

Los consejeros Gustavo Liloff, Jorge D´Andrea, Fernando Cajide, Mónica Romagnano y Vanina Zubieta consideraron en la nota que “la educación es un derecho social”. 
Además, no avalan “ningún tipo de acción que promueva, intencionalmente, enfrentamientos entre integrantes de nuestra comunidad educativa”. 
El Consejo sampedrino definió la situación generada en la última semana como “una colisión de derechos cuyo único mediador es el Estado Provincial en su función de garante de la Educación Pública, lo que implica ser garante de los derechos de los alumnos y de los trabajadores de la educación”. 
Concretamente, expresan que no comparten “tomar medidas que sostenemos como violatorias de derechos constitucionales de los trabajadores” ya que entienden que “es la paritaria el ámbito legal donde los trabajadores resuelven sus conflictos”. Por tal motivo, agregan que “no corresponde ni a municipios, ni a las organizaciones de la sociedad civil atender cualquier tipo de tarea y/o actividad de las escuelas ante una medida de fuerza” y que “es el Estado Provincial quien debe tener la decisión para intervenir garantizando las condiciones que permitan a todos los integrantes de la comunidad la materialización de sus derechos”.