El Sanatorio COOPSER reanuda la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Sanatorio COOPSER informó de manera oficial la normalización de sus servicios en consultorios para los beneficiarios de las obras sociales Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción en las prestaciones motivado por incumplimientos financieros. ​La decisión de restablecer la atención médica se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente que las mencionadas entidades mantenían con el centro de salud. Este avance en las negociaciones permitió destrabar el conflicto que afectaba la cobertura de una amplia nómina de afiliados en la región. ​A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas ambulatorias con normalidad. Los servicios se encuentran operativos para todas las especialidades y profesionales médicos que integran la cartilla del Sanatorio COOPSER, garantizando así la plena vigencia de los derechos prestacionales de los usuarios.

Ramos confirmó que estuvo en contacto con Asuntos Internos

La Dra. Viviana Ramos, titular de la UFI 11 de San Pedro, dijo hoy que la investigación sobre el personal policial que participó de un allanamiento en el paraje La Celina “está en curso”.
 “Los jefes policiales y se pusieron a disposición, y luego recibo un llamado de asuntos internos de La Plata para interiorizarse y ponerse a disposición. Hoy en un rato me reúno con el Jefe Distrital que debe haber tomado algunas medidas de las que me informará sobre cuestiones administrativas” sostuvo Ramos. 
Con relación a la causa iniciada, agregó que “tiene que tener su proceso, su trámite, con testimonios que estamos reuniendo para acreditar los extremos de lo que se trató y lo que pasó”. 

La Fiscal reiteró, como lo dijo durante la conferencia de prensa, que se rompió el vínculo de confianza entre las partes: “Lo que escribe un policía tiene más valor o credibilidad que lo que dice un particular. Todo eso es utilizado en un proceso penal como prueba de cargo para imputar a una persona. Lo que debe garantizarse es el debido proceso penal, cuidarse las formas para que el proceso sea sano, legal, adecuado a lo que la ley establece. Y ahora tenemos un acta que no refleja lo que realmente sucedió, y cuando se pidieron explicaciones, fueron contradictorias y en ese momento”. 
Ramos también habló sobre la polémica comunicación entre una funcionaria de la Fiscalía y la policía durante el procedimiento. “Existió esa comunicación. La funcionaria respondió ante la duda que se generaba durante el procedimiento porque tenían que buscar una “X” cantidad de cosas que eran herramientas. Se encuentran otras cosas que no estaban en la orden como uniformes policiales y teléfonos celulares. Ahí existió la consulta y lo que dijo la funcionaria es que todo eso se secuestrara porque a todos luces tenía un origen ilícito, sospechoso. No sospechábamos de una remera de Boca, sino por una remera policial, lo mismo que los cargadores de Itaka, y sobre todo con respecto a los celulares estos no fueron registrados en actas ni aportados a la causa”.