El Dr. José Benito Aldazabal, uno de los patrocinantes de la firma Sigismundi S.A., se refirió a la confirmación de Cámara sobre la cautelar aplicada en relación a la ordenanza vigente en Baradero que cobra un canon a los distribuidores foráneos.
Aldazabal informó en detalle sobre la decisión judicial: “Es una medida cautelar o precautelar confirmada por la Cámara. La jueza dispuso que se dejara sin efecto una ordenanza fijada por la Municipalidad de Baradero porque le detuvieron el vehículo de distribución a Sigismundi y lo intimaron a que se inscribiera en Baradero o abriera un depósito, bajo apercibimiento de aplicarle una multa y pagara un canon. Lo que nos pareció disparatado o anticonstitcuional y por eso recurrimos a la Justicia”.
El letrado reafirmó sus consideraciones sobre la disposición adoptada por el Municipio de Baradero: “Imaginate si cada localidad o cada partido toma esa decisión con los distribuidores de otra ciudad. Es retrotraernos a la época del Virreinato antes de la Constitución, cuando cada provincia le cobraba a los carruajes un canon por el solo hecho de pasar o atravesar esa provincia. Eran feudos. Justamente la constitución consagró el libre tránsito por la unión nacional. No puede cobrar un municipio”.
Para Aldazabal, la medida “es la panacea de cualquier político: cobrarle impuestos a quien no te vota, pero es repugnante a la Constitución a simple vista”.
