El Sanatorio COOPSER reanuda la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Sanatorio COOPSER informó de manera oficial la normalización de sus servicios en consultorios para los beneficiarios de las obras sociales Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción en las prestaciones motivado por incumplimientos financieros. ​La decisión de restablecer la atención médica se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente que las mencionadas entidades mantenían con el centro de salud. Este avance en las negociaciones permitió destrabar el conflicto que afectaba la cobertura de una amplia nómina de afiliados en la región. ​A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas ambulatorias con normalidad. Los servicios se encuentran operativos para todas las especialidades y profesionales médicos que integran la cartilla del Sanatorio COOPSER, garantizando así la plena vigencia de los derechos prestacionales de los usuarios.

El PJ explica por qué no participa de la marcha, a la que considera “intento de desestabilizar al gobierno”

El Partido Justicialista emitió un comunicado en el que expresan los motivos por los que no acompañan la marcha que se realizará esta noche al cumplirse el primer mes desde la muerte del Fiscal Alberto Nisman.
 El Consejo del Partido Justicialista sostiene que la marcha “no guarda relación alguna con un auténtico sentido de conmoción por la muerte del ex fiscal, puesto que en sus consignas convocantes se hace mención sólo a consideraciones políticas tendientes a instaurar un clima de incertidumbre, desconfianza y temor basado en suposiciones falsas, que esconden el verdadero interés de generar inestabilidad política, institucional y democrática, con el único sostén de operaciones de prensa claramente identificadas, que repudiamos enfáticamente”. 

 En otro de los puntos, encuadran la movilización “en el ataque sostenido que grupos concentrados de poder amenazados en sus inconfesables intereses, vienen realizando contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su inquebrantable decisión de denunciar y desbaratar el accionar de esos grupos…”. 
 En coincidencia con la posición del gobierno nacional, expresan que “sobre el atentado contra los argentinos perpetrado en la explosión de la AMIA, se intenta desestabilizar un gobierno por medio de una denuncia sobre un supuesto encubrimiento, que carece de todo valor jurídico, en opinión de los más notables juristas argentinos”.