Dictaron la falta de mérito para autoridades municipales en la causa por presunta contaminación del Río Paraná

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Nicolás resolvió decretar la falta de mérito en favor de autoridades actuales y anteriores de la Municipalidad de San Pedro, en el marco de una causa que investiga el presunto vertido de efluentes cloacales sin tratamiento en el Río Paraná, aunque ordenó una serie de medidas para profundizar la investigación y evaluar el impacto ambiental y sanitario de la situación  La resolución alcanza al intendente Cecilio Salazar y a los funcionarios Javier Hernán Silva, Ariel Hernán Álvarez, Mariano Brañas y Jorge Carlos Ponzio, quienes habían sido imputados por una supuesta infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. 

Gremios continúan en el Municipio, y mañana habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo

Unos veinte dirigentes gremiales permanecen dentro del Palacio Municipal reclamando contra los descuentos aplicados a unos 130 trabajadores por uno de los días de paro del mes de agosto. 
Aunque el Secretario de Gobierno anticipó que cerraría el edificio a las 18.30, la decisión de los gremios fue permanecer. Las versiones sobre una posible orden de desalojo con la intervención de fuerzas especiales de la policía acrecentaron el clima de tensión.
 Esta tarde se presentó en el lugar la delegada del Ministerio del Trabajo, Paula Taurizano. Al término de una reunión con los manifestantes, explicó que “lo que piden es la intervención del Ejecutivo”. 
Mañana, a las 8.30, se desarrollará una audiencia en la sede sampedrina de la cartera laboral. 

“Queremos ver si se dio cumplimiento o no al pago. Están solamente pidiendo una audiencia, y reclamando el desmán que han tenido por la liquidación de la Visa al pagar fuera de término, por los descuentos que se hicieron en los diferentes créditos y todos estos problemas que los “desbarajustaron” mucho, además del día de descuento” indicó Taurizano, en declaraciones a La Radio 92.3. 
Consultada sobre los descuentos aplicados por el Ejecutivo, explicó: “El Ministerio no tiene facultades para decidir porque no somos órgano juzgador. Tenemos el objetivo de mantener la paz social, que se dirima esta cuestión. No se pudo hacer en vía administrativa. Si ellos inician algún tipo de acción no es el ministerio de trabajo. El intento es que se mantenga la paz social y que se dé cumplimiento a los diferentes requerimientos para poder, en armonía, seguir en la función pública de todos los empleados”.