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| Información Agencia Telam |
La diputada nacional y presidenciable del Frente Amplio Unen (FAU) Elisa Carrió denunció hoy por supuesto lavado de dinero al titular del bloque de concejales del Frente Renovador de San Pedro, Ariel Ramanzini, y pidió que se investigue si es “testaferro” de Sergio Massa.
De acuerdo con la denuncia, que Carrió presentó ante el juzgado federal de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, Ramanzini es propietario de cuatro empresas “que no puede justificar con sus ingresos” y vendió un terreno de 1.000 metros cuadrados “en la exigua suma de 50 mil pesos”.
Carrió, quien viajó acompañada por la legisladora porteña Paula Oliveto, aseguró al juez haber recibido información -de parte de terceros- que señala a Ramanzini “como testaferro de Massa y de su secretario privado Ezequiel Melaraña”.
La legisladora advierte que las actividades comerciales y la compraventa del terreno “se habrían solventado con dinero y fondos que provendrían de hechos derivados de la corrupción y del narcotráfico”.
Las diputadas, que entregaron documentación de propiedades y empresas, pidieron además la intervención de la Unidad de Investigación Financiera, informaron fuentes de la Coalición Cívica-ARI .
En el expediente quedó asentado que el terreno vendido a “46 pesos el metro cuadrado, curiosamente, se encuentra sito en una de las zonas agrícolas más prósperas de la provincia de Buenos Aires”.
Además, según el texto de la denuncia, las empresas adjudicadas a Ramanzini son “PYA Proyección de Mercado SRL; IO Proyectos y Soluciones SRL; Rags Telas SRL; y Farmacia Centro Histórico de San Pedro Sociedad”.
“No es ajeno a nuestro conocimiento que en el delito de lavado de dinero, la valoración probatoria requiere que los indicios y las presunciones sean ubicados en el primer lugar de ponderación, puesto que su mecánica tiene por objetivo distorsionar los documentos o instrumentos utilizables, falseando su materialidad o su ideología o ambos a la vez”, sostuvo Carrió en la denuncia.
La dirigente chaqueña también pidió al juez que investigue si esas actividades comerciales están relacionadas con el caso de los ciudadanos colombianos detenidos en noviembre del año pasado en el operativo antidrogas conocido como “Fondo Blanco”, propietarios de inmuebles en countries del norte del conurbano (Nordelta).
