La Dra. Gabriela Ates, titular
de la UFI 7, envió un mail aclaratorio a los medios de comunicación, en donde
se refiere a las características del desalojo “ordenado por el Juzgado de
Garantías Nº 2 y ratificado por la Excelentísima Cámara de Apelación y
Garantías de San Nicolás, con intervención de la Fiscalía a mi cargo”.
Ante las críticas por la
supuesta confusión con respecto a la parcela que debía desalojarse, la Fiscal
explica que “dicho desalojo, organizado para el día de ayer 16 de octubre, fue
ordenado respecto de la parcela Nro. 91, en la que, efectivamente se constató
en el momento de la denuncia, en Septiembre del año 2012 la existencia de
algunas viviendas precarias, un total de cinco”.
Ates precisó que “dichas viviendas,
fueron certificadas y fotografiadas por personal policial, y a sus ocupantes,
se les recepción declaración como imputados del delito de usurpación”.
Sin embargo, agrega, “con el
transcurrir de la causa, en sus diferentes etapas procesales, dicho predio, en
momentos anteriores a la fecha pautada con varias áreas que deben convocarse a
fin de realizar el desalojo, se desocupó”.
En función de esa situación,
la funcionaria aclara que “el desalojo NO SE SUSPENDIO NI HUBO NINGUN TIPO DE
CONFUSION ALGUNA respecto de la parcela” y que “la causa está en perfecto
estado, y como ya lo dije, confirmado por la Cámara Penal el desalojo”.
El hecho de que “los
habitantes en "infraccion" hayan optado por retirarse, y con esto
evitado ser desalojados por la fuerza, fue lo mejor que pudo suceder” entiende la Fiscal, en su
intención de “evitar esa medida gravosa”.
En la parte final del
comunicado, cuestiona la posición adoptada por el arquitecto Adolfo Benincasa,
quien se hizo presente en el lugar en representación de la Municipalidad: “Lamento
que personas que desconocen la causa, como así también las instancias
procesales por las que pasó, se expidan al respecto. Refiero en concreto al
arquitecto Benincasa, el que nunca me ha consultado ni me consta haya poseído o
al menos dado lectura de los escritos judiciales que obran en la misma”.
Sobre lo actuado, precisó que “la
parcela de propiedad de la denunciante, se entregó libre de ocupantes, los que
no obstante haber sido indagados hace unos meses, se retiraron del lugar y se
desconocen sus domicilios actuales”.
Finalmente, reiteró que “no se trataba de un desalojo
masivo” y que “debían desalojarse cinco viviendas precarias y a cinco personas.
NADA MAS”.
