Provincia aprobó la transferencia de fondos para la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses

  El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense aprobó la transferencia de 72 millones de pesos a ocho municipios para financiar la etapa interregional de los 34º Juegos Bonaerenses, cuya Final Provincial se llevará a cabo en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre. La medida, formalizada a través de la resolución 2097, establece la entrega de aportes no reintegrables a ocho distritos que serán sede de la competencia durante este mes de septiembre. Los fondos están destinados a cubrir los gastos de organización y deberán ser rendidos ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.

El Ejecutivo presentó un pedido a la Justicia para que declare la nulidad de la Comisión Investigadora

Información bisemanario "El Imparcial"
El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de Asesoría Letrada, formalizó un pedido de nulidad de la sesión en la que se aprobó la comisión investigadora al Intendente.
El bisemanario “El Imparcial” confirmó que la presentación surge de los tiempos de conformación de la investigadora. Según se desprende del pedido, la comisión tendría que haber quedado conformada en la misma sesión, y no en una nueva extraordinaria, tal como se está evaluando en el Concejo.

Entre los elementos presentados ante la Justicia se encuentran las actas del Concejo Deliberante de las sesiones del 23 y el 31 de Mayo.
De acuerdo a lo interpretado por los abogados de la Municipalidad, la comisión tendría que haber quedado conformada en la última sesión extraordinaria, luego de la aprobación.
La intención es que la Dra. María Isabel Fulgheri, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, aplique una medida cautelar o precautelar. Se trata de la misma magistrada que otorgó la precautelar solicitada por el Frente de Todos, que postergó durante cuatro meses el tratamiento de la Ordenanza Impositiva en el Concejo Deliberante.

De todos modos, existe la posibilidad de que la Jueza se declare incompetente, si es que considera que se trata de un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el HCD.