Docentes de la Secundaria 8 reclaman medidas ante los hechos de violencia

Docentes de la Escuela de Educación Secundaria N°8 de San Pedro han elevado una carta a las autoridades educativas regionales y distritales, expresando su profunda preocupación y solicitando urgente intervención ante los crecientes hechos de violencia registrados en el distrito. La misiva detalla el grave episodio ocurrido el pasado viernes 6 de junio, en el cual la madre de una alumna agredió de manera verbal y física a la directora de la institución, Profesora Romina Pascual. Este incidente, según los docentes, "no solo atentó contra la integridad de una autoridad escolar, sino que también expuso a toda la comunidad educativa a una situación de violencia inaceptable dentro del ámbito escolar".

Cautelar por la Ordenanza Fiscal: Audiencia de conciliación y pedido de retractación a Monfasani

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de San Nicolás, a cargo de la Dra. María Fulghieri, fijó una audiencia de conciliación para el 4 de Marzo, a las 9, entre los concejales del bloque del Frente de Todos y la Presidencia del Concejo Deliberante. 
 La causa en la que se enmarca la reunión es la medida pre-cautelar que impide sesionar al Concejo Deliberante ni efectuar ninguna acción legislativa con respecto a la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

 Los denunciantes sostienen que cualquier sesión será inválida, puesto que la reunión de la Comisión que dictaminó favorablemente sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo tiene aspectos irregulares vinculados, en concreto, con la presencia de quien en ese momento era Secretario de Producción, Carlos Casini. 
 Además, le reclama al Presidente del Concejo, Daniel Monfasani, que se rectifique o ratifique las declaraciones formuladas el 28 de Diciembre “en las que se refirió a mi actuación como directora de este proceso, sin acudir aun, al instituto que le brinda el art. 17 C.P.C.C.”. 
 Monfasani había dicho que la Jueza “tiene teléfono directo con los denunciantes, pero a nosotros no nos atiende” y planteó la incompetencia de la magistrada porque la Ley Orgánica sostiene que las cuestiones inherentes al Concejo o los conflictos internos deben resolverse en la Corte Suprema de Justicia.