El Sanatorio COOPSER reanuda la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Sanatorio COOPSER informó de manera oficial la normalización de sus servicios en consultorios para los beneficiarios de las obras sociales Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción en las prestaciones motivado por incumplimientos financieros. ​La decisión de restablecer la atención médica se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente que las mencionadas entidades mantenían con el centro de salud. Este avance en las negociaciones permitió destrabar el conflicto que afectaba la cobertura de una amplia nómina de afiliados en la región. ​A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas ambulatorias con normalidad. Los servicios se encuentran operativos para todas las especialidades y profesionales médicos que integran la cartilla del Sanatorio COOPSER, garantizando así la plena vigencia de los derechos prestacionales de los usuarios.

Los policías denunciados por violencia de género no podrán portar armas fuera de su turno

A través de la resolución 1515 del gobierno provincial, se dispuso restringir la portación legítima de armas del personal de las fuerzas de seguridad denunciado por violencia de género. 
 La disposición se enmarca en la Ley de Protección Integral de la Mujer. 
 Las jefaturas de la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberán adecuar normas y procedimientos para que el personal denunciado por violencia de género retire su arma de dotación al iniciar la jornada laboral y la entregue al finalizar su horario. 

 En los casos en que la índole de las funciones, la situación operacional y/o la modalidad de cumplimiento de servicios del personal denunciado no permita cumplir con el retiro y entrega del arma, se deberá restringir completamente la portación, tenencia y transporte del arma de dotación. 
La reglamentación se enmarca dentro de las medidas preventivas urgentes que prevé la ley de protección integral, las cuales operan ante la sola denuncia y pueden extenderse hasta tanto haya una sentencia condenatoria o absolutoria.