Obras de mejora en Centros de Jubilados con aportes provinciales

Las gestiones concretadas por el intendente Cecilio Salazar ante el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, permitieron al Municipio de San Pedro destinar un total de $2.600.000 a diversas instituciones de la tercera edad. La inversión beneficia directamente a las sedes de San Pedro, Los Aromos, Río Tala y Vuelta de Obligado. Los fondos fueron asignados a través del programa Mayores Bonaerenses Activos, en el marco de un convenio celebrado entre la comuna y la cartera provincial. Esta iniciativa busca fortalecer el funcionamiento diario de los centros mediante obras edilicias, refacciones estructurales y la compra de equipamiento clave para la atención de sus socios. Para supervisar el estado de los trabajos, el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, junto a la directora de Adultos Mayores, Silvia Triñanes, realizaron un recorrido por las sedes de San Pedro, Los Aromos y Río Tala, donde dialogar...

Regulan los alcances del derecho de admisión de alumnos en las escuelas privadas

La Cámara de Diputados bonaerense sancionó este jueves en ley la regulación del Derecho de Admisión de los alumnos que asisten a Colegios de Gestión Privada, que entre otros aspectos permitirá a los padres pedir que la escuela fundamente las causas por las cuales no se permitió la inscripción de un estudiante. 
Se trata de una iniciativa impulsada por la senadora Marina Moretti (FpV) que prevé que los colegios privados que “negasen la inscripción o reinscripción de un alumno estarán obligados en los casos que les fuera solicitado, expresar fundamentos por escrito de las causas que llevaron a la decisión adoptada”. 

En el caso que la escuela rechace el pedido, los padres o tutores podrán realizar la presentación ante la Dirección General de Cultura y Educación. 
Así también, el incumplimiento constituirá una falta grave siendo pasible de la iniciación de sumario administrativo y la cartera educativa tendrá la facultad de sancionar a las instituciones que se nieguen a entregar la información solicitada. 
 Moretti presentó este proyecto debido a “la innumerable cantidad de situaciones conflictivas que se han venido sucediendo en distintos Establecimientos Educativos de la provincia de Buenos Aires” y aseguró que “existe un alto índice de conflictividad permanente con el tema en cuestión”. 
Por ello concluyó que “debemos encontrar una solución que equilibre los principios de igualdad y de autonomía de la voluntad, ambos de raigambre constitucional”.