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| Foto Página 12 sobre la situación del año pasado. |
La UATRE San Pedro radicó una denuncia ante el fiscal
Dr. Ignacio Mariezcurrena del Departamento Judicial de San Nicolás por la
proliferación de firmas en la zona “que ocupan personal tercerizado en empresas
del ámbito rural” y que generarían trabajo esclavo.
De acuerdo al
texto presentado ante la Fiscalía, tal como ocurrió el año pasado, las empresas
“reclutarían personas en la provincia de Santiago del Estero, a las que
trasladarían con falsas promesas de salarios y estadía”. Para el gremio, el
accionar recuerda “el pasado accionar de las pseudos cooperativas truchas”, y
así, “pretenden dejar a los trabajadores en total indefensión en complicidad
con algunos empleadores de la zona”.
El sindicalista
Horacio Neyra y el concejal Orlando Mendoza (San Pedro), acompañado por José
Luis Cáceres (Zárate), Lorenzo Cáceres (Baradero) y Román Lacuadra (Lima) son
los firmantes de la denuncia, patrocinados por el Dr. Daniel Spirópulos. Las
firmas denunciadas son SAFYC SA y Catanzaro Group, ambas con
domicilio en San Pedro, y que figuran como prestadoras de “Servicios de
Contratistas de Mano de Obra Agrícola y Obtención y Dotación de personal”.
Según la UATRE,
esas compañías “ejercen una actividad prohibida por el artículo 15 de la ley
26727” (Ley de Trabajo Agrario) que prohíbe la “actuación de empresas de
servicios temporarios, agencias de colocación o cualquier otra empresa que
provea trabajadores para la realización de tareas y actividades (…)”.
Para el gremio,
esta modalidad de obtener mano de obra busca eliminar las responsabilidades de
la firma como empleador o pagar remuneraciones inferiores a las convencionales.
Además, plantea que en la práctica se concretan abusos que también denuncian.
En ese sentido,
señalan que tras el reclutamiento de las personas bajo falsas promesas
laborales, al llegar “al lugar de destino (como San Pedro) (…) el trabajador se
ve obligado a aceptar el trabajo que le dan aunque no fuere su especialidad o
para el que no tiene la capacitación adecuada en materia de riesgos laborales”.
También indican
que se ven obligados a “aceptar la retribución que le entregan ya que, lejos de
su lugar de origen y con una familia que espera su retorno para resolver la
subsistencia, no existe libertad para decidir ni exigir el cumplimiento de los
derechos humanos elementales”.
Así, consideran
que los trabajadores estarían en una situación de esclavitud, tal como se evidenció
el año pasado en diversos procedimientos realizados por la Justicia. De acuerdo
a la denuncia, expresado en potencial, en los establecimientos donde fueron
destinados los trabajadores estarían “viviendo varios en una misma habitación,
sin mesas para comer, sillas para sentarse, camas para descansar y como
agravante, la existencia de un solo baño precario y sin agua”. También
mencionan que “la alimentación es insuficiente y de mala calidad, ya que dado
las distancias y falta de concisiones que aseguren incontaminación, expone a
estos trabajadores a enfermedades que pueden evitarse si existiere un mínimo de
respeto a las personas y sus derechos”.
Por la
situación, la se dio intervención a la Secretaría de Trabajo Provincial. Sin
embargo, el margen de actuación de ese organismo excede lo que puede
infraccionar.
Vale decir que
el interés de la UATRE en esta cuestión obedece a que, como el mismo gremio
indica en la denuncia, “la modalidad de contratación de los rurales, es a
través de las bolsas de trabajo que UATRE creó”. En el mismo texto, se asegura
que el sostenimiento de ese mecanismo tiene “resultados óptimos en materia de
registro y cumplimiento de formas laborales”.
Así, el
sindicato solicita al fiscal que más allá de las sanciones que se apliquen a
las empresas denunciadas, se tenga en cuenta que “los hechos denunciados
vulneran los derechos humanos fundamentales”.
Por último,
pide que se dé inicio a una Investigación Penal Preparatoria.
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