Piden elevar a juicio la causa contra una contadora sampedrina por millonaria defraudación contra una empresa de Pilar

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar, Germán Camafreita Steffich , solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga a la contadora María José Pucurull por el delito de defraudación por administración fraudulenta . La imputada, con domicilio en San Pedro, está acusada de haber provocado un perjuicio económico superior a los 111 millones de pesos contra la firma Hongos del Pilar S.A. mientras se desempeñaba como jefa de Administración. De acuerdo a la requisitoria presentada ante el Juzgado de Garantías N° 6 , la maniobra delictiva se ejecutó en un periodo de 51 días hábiles bancarios , entre octubre y diciembre de 2024. La fiscalía sostiene que Pucurull aprovechó su cargo y el acceso al home banking de la firma para desviar 19 cheques electrónicos (e-cheqs) por un monto de $108.967.993,19 , los cuales fueron acreditados en su cuenta personal y en la de una empresa tercera que no mantenía vínculos comerciales con la damnificada.

Enrique Sierra: “El Náutico abrió el canal por falta de control de las autoridades"

El ambientalista Enrique Sierra dio a conocer imágenes que ilustran la actual situación en el canal que abrió el Club Náutico cortando terreno aluvional del Paseo Público.
“Imagino que esto, además de no tener estudio de Impacto Ambiental (EIA), tiene que ser publico. Fue hecho por omisión, no controlar, de las autoridades” indicó Sierra.

El ambientalista recordó que algo similar “pasó con las Marinas de Mansa Lyfe, terrenos públicos concesionados sin canon, negocios privados sobre terrenos públicos, prohibido por ordenanza de concesión Nº 4705/93”.
Sierra sostiene que  “es habitual en estos últimos años la extensión de lo privado sobre lo público y no me extrañaría que en la isla que queda de este canal el CNSP haga una playa solo para sus socios”.

Por omisión de las autoridades, agrega el integrante de la Fundación Oga, sucedió lo mismo “con la concesión de San Pedro Resort (Howard Jhonson), cuando en el año 2006 se perdió el 50% de terreno publico, como los terraplenes internos construidos sin estudio de impacto ambiental, por omisión de las autoridades”.

El Código Civil indica, en su artículo 2.639, que “los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización”. En el mismo punto, agrega: “Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna”.


Por su parte, en el artículo 2.340 precisa que quedan comprendidos entre los bienes públicos “las riberas internas de los ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra que las aguas bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias”.