Los municipios de la provincia de
Buenos Aires podrán cobrar la tasa de Seguridad e Higiene a través de una
retención automática a los depósitos bancarios que realicen las personas o
empresas alcanzadas por este impuesto Distrital, en caso de aprobarse un
proyecto de ley, impulsado por la
diputada del FPV-PJ, María Laura Lacava.
Esta iniciativa legislativa
propone adoptar el mismo mecanismo de recaudación que rige actualmente para el
cobro de Ingresos Brutos en territorio bonaerense, el cual dispone que en las
operaciones efectuadas por los contribuyentes, ya sea con cheques, transferencias
bancarias o depósitos en efectivo, se retiene un monto destinado.
Con respecto a la normativa
presentada, la legisladora Lacava manifestó:“nuestra propuesta tiene el
objetivo de implementar un sistema simplificado que permita agilizar los tiempos
de ingresos destinados a las arcas del fisco, y así evitar la morosidad de los
contribuyentes”.
De acuerdo a los fundamentos del
proyecto, los municipios tendrán la facultad de remitir, a través del Banco
Central, el listado de contribuyentes alcanzados por este impuesto a las
entidades financieras para que procedan a la retención de las alícuotas sobre
todo depósito que se verifique en las cuentas corrientes y/o cajas de ahorro de
los mismos. De esta manera, los saldos a favor de la entidad recaudadora
Comunal serán transferidos a la cuenta oficial que cada Municipio tiene en el
Banco de la Provincia
de Buenos Aires.
En relación a la posible
implementación de dicho régimen, las retenciones se materializarán aplicando
una alícuota fijada por la autoridad municipal, según la actividad que
desarrolle el contribuyente, sobre el importe neto de la operación bancaria.
La vicepresidenta de la Comisión de Asuntos
Municipales citó “los antecedentes del Distrito de Avellaneda, en el año 2000,
y del Municipio de General Pueyrredón,
durante el 2002, cuando por decreto designaron a las entidades financieras como
agentes de retención de la Tasa
de Seguridad e Higiene. Sin embargo –aclaró- estas ordenanzas locales exigen el
respaldo de una ley sancionada a nivel provincial”.
