Proyecto para adherir a la Ley que asegura servicios esenciales a clubes, escuelas y hospitales

El Concejo Deliberante analiza un proyecto de ordenanza para adherir al municipio a la Ley Provincial N.º 15.553, la cual garantiza la continuidad de los servicios públicos esenciales para asociaciones civiles, establecimientos educativos y sanitarios de gestión pública, incluso en situaciones de mora en el pago. La iniciativa, presentada por el bloque de Unión por la Patria, busca asegurar el suministro de energía eléctrica, agua potable, cloacas y gas a instituciones sin fines de lucro debidamente inscriptas, así como a dependencias municipales y escuelas. La normativa provincial, a la cual se busca sumar al distrito, reconoce a estos servicios como derechos básicos para el funcionamiento de entidades que prestan actividades de bien público en la comunidad.

Reenvían a comisión el veto a la ordenanza que para publicar los decretos

El Concejo Deliberante volvió a comisión anoche el veto del Intendente Pablo Guacone sobre la modificación de la Ord. 5731, que fuera aprobada por unanimidad por el HCD en su sesión del día 12 de Abril. 
Los concejales del bloque del Frente de Todos sostienen que había un acuerdo en la comisión de Labor Parlamentaria para que el tema sea tratado sobre tablas. Pese a ello, los ediles del bloque oficialista, acompañados por Unión Peronista y el Frente para la Victoria, mocionó para que el tema sea nuevamente analizado en comisión.

 El punto vetado es el que se refiere a la publicidad de los Decretos que determinan, entre otras cuestiones, las designaciones de personal, las bonificaciones a los empleados, los aumentos de salarios, las adecuaciones presupuestarias, en que se gasta el dinero de los contribuyentes, los cambios de categoría de los empleados, las contrataciones privadas (hasta $ 350.000), los acuerdos firmados, etc. 
“La obligación de publicar existe, pero como no se cumple impulsé un proyecto para que sea “más obligatorio”, si cabe. Como no se publican esta era la herramienta para forzar esta obligatoriedad para que se cumpla, y el único argumento en contra es el derecho a la intimidad” indicó el autor del proyecto, Mario Sánchez Negrete. 
 Sobre los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo, agregó: “Me he tomado el trabajo de leer todos los decretos y en ninguno se habla de plata, sino de categorías, de bonificaciones o de sanciones. El derecho a la intimidad no se viola, porque cuando se cambia a un agente municipal o se le da una mayor categoría, hay que fundamentarla, y se tiene que conocer”.