Allanamiento y secuestro de arma de fuego por denuncia de amenazas de muerte

Efectivos policiales de La Tosquera y Río Tala llevaron a cabo una diligencia judicial en el marco de una investigación por amenazas. Se incautó una escopeta calibre 16 en el domicilio del imputado, quien no se encontraba en el lugar. ​Personal del Destacamento La Tosquera, en colaboración con el Destacamento Río Tala, cumplimentó ayer una orden de allanamiento librada por el Juzgado de Garantías Nro. 01 del Departamento Judicial San Nicolás. ​La medida se realizó en el marco de una causa iniciada el pasado 30 de octubre, a raíz de la denuncia de un hombre de 49 años que manifestó haber recibido amenazas de muerte. ​El allanamiento tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle bajada basural S/N, Cuartel 3° de La Tosquera. Al llegar al lugar, el personal policial fue atendido por la pareja del imputado, una mujer de 29 años, ya que el principal investigado no se encontraba en la vivienda. ​La diligencia judicial arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de una ...

Reenvían a comisión el veto a la ordenanza que para publicar los decretos

El Concejo Deliberante volvió a comisión anoche el veto del Intendente Pablo Guacone sobre la modificación de la Ord. 5731, que fuera aprobada por unanimidad por el HCD en su sesión del día 12 de Abril. 
Los concejales del bloque del Frente de Todos sostienen que había un acuerdo en la comisión de Labor Parlamentaria para que el tema sea tratado sobre tablas. Pese a ello, los ediles del bloque oficialista, acompañados por Unión Peronista y el Frente para la Victoria, mocionó para que el tema sea nuevamente analizado en comisión.

 El punto vetado es el que se refiere a la publicidad de los Decretos que determinan, entre otras cuestiones, las designaciones de personal, las bonificaciones a los empleados, los aumentos de salarios, las adecuaciones presupuestarias, en que se gasta el dinero de los contribuyentes, los cambios de categoría de los empleados, las contrataciones privadas (hasta $ 350.000), los acuerdos firmados, etc. 
“La obligación de publicar existe, pero como no se cumple impulsé un proyecto para que sea “más obligatorio”, si cabe. Como no se publican esta era la herramienta para forzar esta obligatoriedad para que se cumpla, y el único argumento en contra es el derecho a la intimidad” indicó el autor del proyecto, Mario Sánchez Negrete. 
 Sobre los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo, agregó: “Me he tomado el trabajo de leer todos los decretos y en ninguno se habla de plata, sino de categorías, de bonificaciones o de sanciones. El derecho a la intimidad no se viola, porque cuando se cambia a un agente municipal o se le da una mayor categoría, hay que fundamentarla, y se tiene que conocer”.