La Policía Judicial que prevé crear el gobierno bonaerense tendrá una suerte de control parlamentario.
Es que el proyecto oficial establece que el nuevo organismo deberá dar cuenta de sus actividades y de los resultados obtenidos, una vez por año ante la Legislatura.
Ese informe anual de gestión deberá ser presentado, en rigor, por la Procuración de la Suprema Corte, estructura de la que dependerá el nuevo cuerpo de investigadores judiciales.
El control parlamentario sobre la Policía Judicial es uno de los datos salientes del proyecto que el Ejecutivo provincial giró ayer a la Cámara de Senadores, y que contempla dar cumplimiento a la manda constitucional de 1994.
La iniciativa, según se consigna en el mensaje oficial, apunta a "profesionalizar las investigaciones penales, potenciar las lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las redes delictivas y dar al Ministerio Público Fiscal herramientas autónomas para ejercer con plenitud la dirección de la investigación".
La puesta en marcha de la Policía Judicial significará un profundo cambio en el esquema de investigación de delitos complejos, ya que no será la Policía la que haga esa tarea, sino un cuerpo especializado de peritos criminalistas que estarán bajo la órbita de la Procuración.
Estos investigadores tendrán competencia en los casos de delitos complejos, bandas organizadas, homicidios dolosos o delitos cometidos por funcionarios públicos.
"Será una institución de naturaleza civil que establecerá relaciones de cooperación y coordinación con la policía sin que implique dependencia funcional ni subordinación operativa", se indica en el mensaje.
Otro dato saliente es que la labor de la Policía Judicial se centrará "exclusivamente" en la búsqueda, recopilación, análisis y estudios de elementos de prueba, así como la asistencia técnica y científica para la investigación. De esta forma, tendrá vedada la realización de cualquier trámite administrativo o despacho de causas.
Integración
El proyecto establece que la Policía Judicial estará a cargo de un director general, secundado por un subdirector. Deberán reunir los requisitos para ser juez de Cámara, durarán 6 años en el cargo y no podrán postularse para un nuevo período.
Bajo la órbita de esa Dirección General funcionarán tres secretarías: Técnico-Científica, Investigación e Instrucción y Formación y Capacitación.
Pero además, habrá subsecretarías descentralizadas en cada departamento judicial donde funcionarán cuerpos de instructores, investigadores y de policía científica. A todos estos cargos se accederá por concurso.
El Ejecutivo aspira a que este proyecto sea aprobado hacia mediados de este año para, además, atender uno de los más fuertes reclamos que venían haciendo la oposición y organismos de Derechos Humanos.
