El Ministerio de Trabajo encabezó ayer un importante operativo de inspecciones realizado en plantaciones de arándano en un campo de Baradero.
Allí se identificaron a 65 personas, entre ellas dos menores de edad, trabajando en forma irregular y viviendo en condiciones deficientes de higiene y seguridad. Se suspendieron tareas y se intimó al propietario del establecimiento.
De acuerdo a la información relevada, los trabajadores, algunos extranjeros, no pudieron acreditar su registración laboral, y en muchos casos, ni siquiera contaban con el documento de identidad. A su vez, a todos se les adeudaba al menos dos meses de trabajo, con sueldos menores a los estipulados por el convenio colectivo.
En cuanto a las condiciones de salud y seguridad, se verificó que las personas habitaban en containers con escasa ventilación en condiciones insalubres, con sistemas eléctricos deficientes, donde dormían 12 personas en un espacio que de acuerdo a la superficie era apto para cuatro.
Asimismo, se constató la ausencia de matafuegos y la falta de uniformes y elementos de trabajo. Además, se verificaron sanitarios deficientes con falta de higiene y se detectaron dos depósitos de agroquímicos, prohibidos por el ministerio de Salud debido a su toxicidad, donde además había camas improvisadas con trapos y cartones poniendo en riesgo la salud de quienes habitaban en el lugar. Estos envases, también fueron detectados en las habitaciones, utilizándose como muebles.
En este marco, el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango remarcó que “con este tipo de medidas no se persiguen fines recaudatorios sino que lo que importa y preocupa es la seguridad y los derechos de los trabajadores. El gobernador Scioli promueve el trabajo como la principal herramienta de inclusión social, pero no se trata de promover cualquier trabajo sino uno que sea decente, de calidad y que permita integrar a toda la sociedad al desarrollo productivo”, continuó.
Por su parte, el director de Delegaciones del ministerio de Trabajo, Jorge Gómez de Saravia, expresó “la de hoy es una más de una serie de inspecciones que se están efectuando desde el inicio de la gestión -agregó el funcionario-, y que apuntan a mejorar las condiciones laborales. En este caso, se suspendieron tareas y se intimó al propietario del establecimiento a regularizar la situación salarial y laboral en un plazo máximo de 48 horas, teniendo a su vez, cinco días hábiles para corregir las condiciones de salud y seguridad para los empleados”, concluyó.
El operativo se realizó de oficio por la cartera laboral a partir de denuncias anónimas y participó del mismo la delegación de Trabajo de Baradero, a cargo de Fabián Liaudat, agentes de la Policía de la Provincia y representantes de UATRE.
