Avanza el reemplazo del adoquinado por hormigón en el ingreso a la Terminal de Ómnibus

 El Municipio dio inicio a los trabajos de refacción y acondicionamiento en el sector de ingreso de colectivos de la Terminal de Ómnibus local. La obra contempla el retiro integral del adoquinado deteriorado en el acceso principal y su reemplazo por losas de hormigón, una intervención planificada para optimizar la circulación del transporte y garantizar la durabilidad de la calzada ante el tránsito pesado. Las tareas forman parte del plan de mejoras que el Ejecutivo local lleva adelante desde que el predio pasó a la órbita de la administración municipal. El intendente Cecilio Salazar recorrió el inicio de los trabajos acompañado por el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas; el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito; y el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez.

Aldazabal sobre el caso J&J: “La presentación de Guacone y Restelli fue desestimada”

El Dr. Benito Aldazabal, abogado de la empresa J&J, sostuvo esta mañana que las declaraciones formuladas anoche por el arquitecto Pedro Restelli en el programa “Al Cesar” fueron “una burda mentira”.
Restelli había señalado que la Justicia había desestimado la causa en contra suya y del Intendente Guacone iniciada por la empresa luego de la suspensión de la obra del Jardín del barrio Banfield.

“Seguramente miente por boca de otro” indicó Aldazabal, quien recordó que “ellos presentaron una excepción que sostiene que se falta de legitimación pasiva, lo que quiere decir que no los pueden demandar a ellos sino al Municipio”. El recurso, según informó el abogado “fue desestimado por presentarse fuera de término, y la Jueza dijo, no obstante, que esto se va a tratar en la sentencia como una defensa de fondo, no como una excepción previa”.
Aldazabal opinó que “el contenido del pedido que hacen es antediluviano, porque se funda en una concepción jurisprudencial, que quedo abolida con la reforma de la constitución en el año 94, en el artículo 36, que dice que se puede demandar directamente a los funcionarios y existe un tratado internacional contra la corrupción que específicamente trata el tema”.
Finalmente, recordó que “los funcionarios y el Municipio son dos destinatarios con distintas responsabilidades, la Municipalidad como órgano y los funcionarios que provocaron el acto dañino en forma personal, tienen que responder a una demanda de 460 mil pesos que se va a ir incrementando con el paso del tiempo”.