Docentes de la Secundaria 8 reclaman medidas ante los hechos de violencia

Docentes de la Escuela de Educación Secundaria N°8 de San Pedro han elevado una carta a las autoridades educativas regionales y distritales, expresando su profunda preocupación y solicitando urgente intervención ante los crecientes hechos de violencia registrados en el distrito. La misiva detalla el grave episodio ocurrido el pasado viernes 6 de junio, en el cual la madre de una alumna agredió de manera verbal y física a la directora de la institución, Profesora Romina Pascual. Este incidente, según los docentes, "no solo atentó contra la integridad de una autoridad escolar, sino que también expuso a toda la comunidad educativa a una situación de violencia inaceptable dentro del ámbito escolar".

Aldazabal sobre el caso J&J: “La presentación de Guacone y Restelli fue desestimada”

El Dr. Benito Aldazabal, abogado de la empresa J&J, sostuvo esta mañana que las declaraciones formuladas anoche por el arquitecto Pedro Restelli en el programa “Al Cesar” fueron “una burda mentira”.
Restelli había señalado que la Justicia había desestimado la causa en contra suya y del Intendente Guacone iniciada por la empresa luego de la suspensión de la obra del Jardín del barrio Banfield.

“Seguramente miente por boca de otro” indicó Aldazabal, quien recordó que “ellos presentaron una excepción que sostiene que se falta de legitimación pasiva, lo que quiere decir que no los pueden demandar a ellos sino al Municipio”. El recurso, según informó el abogado “fue desestimado por presentarse fuera de término, y la Jueza dijo, no obstante, que esto se va a tratar en la sentencia como una defensa de fondo, no como una excepción previa”.
Aldazabal opinó que “el contenido del pedido que hacen es antediluviano, porque se funda en una concepción jurisprudencial, que quedo abolida con la reforma de la constitución en el año 94, en el artículo 36, que dice que se puede demandar directamente a los funcionarios y existe un tratado internacional contra la corrupción que específicamente trata el tema”.
Finalmente, recordó que “los funcionarios y el Municipio son dos destinatarios con distintas responsabilidades, la Municipalidad como órgano y los funcionarios que provocaron el acto dañino en forma personal, tienen que responder a una demanda de 460 mil pesos que se va a ir incrementando con el paso del tiempo”.