Allanamiento y secuestro de arma de fuego por denuncia de amenazas de muerte

Efectivos policiales de La Tosquera y Río Tala llevaron a cabo una diligencia judicial en el marco de una investigación por amenazas. Se incautó una escopeta calibre 16 en el domicilio del imputado, quien no se encontraba en el lugar. ​Personal del Destacamento La Tosquera, en colaboración con el Destacamento Río Tala, cumplimentó ayer una orden de allanamiento librada por el Juzgado de Garantías Nro. 01 del Departamento Judicial San Nicolás. ​La medida se realizó en el marco de una causa iniciada el pasado 30 de octubre, a raíz de la denuncia de un hombre de 49 años que manifestó haber recibido amenazas de muerte. ​El allanamiento tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle bajada basural S/N, Cuartel 3° de La Tosquera. Al llegar al lugar, el personal policial fue atendido por la pareja del imputado, una mujer de 29 años, ya que el principal investigado no se encontraba en la vivienda. ​La diligencia judicial arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de una ...

Aldazabal sobre el caso J&J: “La presentación de Guacone y Restelli fue desestimada”

El Dr. Benito Aldazabal, abogado de la empresa J&J, sostuvo esta mañana que las declaraciones formuladas anoche por el arquitecto Pedro Restelli en el programa “Al Cesar” fueron “una burda mentira”.
Restelli había señalado que la Justicia había desestimado la causa en contra suya y del Intendente Guacone iniciada por la empresa luego de la suspensión de la obra del Jardín del barrio Banfield.

“Seguramente miente por boca de otro” indicó Aldazabal, quien recordó que “ellos presentaron una excepción que sostiene que se falta de legitimación pasiva, lo que quiere decir que no los pueden demandar a ellos sino al Municipio”. El recurso, según informó el abogado “fue desestimado por presentarse fuera de término, y la Jueza dijo, no obstante, que esto se va a tratar en la sentencia como una defensa de fondo, no como una excepción previa”.
Aldazabal opinó que “el contenido del pedido que hacen es antediluviano, porque se funda en una concepción jurisprudencial, que quedo abolida con la reforma de la constitución en el año 94, en el artículo 36, que dice que se puede demandar directamente a los funcionarios y existe un tratado internacional contra la corrupción que específicamente trata el tema”.
Finalmente, recordó que “los funcionarios y el Municipio son dos destinatarios con distintas responsabilidades, la Municipalidad como órgano y los funcionarios que provocaron el acto dañino en forma personal, tienen que responder a una demanda de 460 mil pesos que se va a ir incrementando con el paso del tiempo”.