Provincia y Municipio firman convenio por $15 millones para mejoras en el Hogar Sarmiento

  La Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres, visitó hoy San Pedro para formalizar un importante convenio de subsidio con el municipio local, por un monto de 15 millones de pesos. Los fondos estarán destinados a la adquisición de equipamiento esencial para las obras de refacción que se están llevando a cabo en el Hogar Sarmiento. La jornada de trabajo comenzó en el Palacio Municipal, donde Cáceres fue recibida por el Jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, en representación del Intendente Cecilio Salazar, junto a otros funcionarios municipales y provinciales. Durante el encuentro, se rubricó el acuerdo que permitirá la compra de aires acondicionados, cocina, heladera, freezer, grifería y sanitarios para el hogar.

Aldazabal sobre el caso J&J: “La presentación de Guacone y Restelli fue desestimada”

El Dr. Benito Aldazabal, abogado de la empresa J&J, sostuvo esta mañana que las declaraciones formuladas anoche por el arquitecto Pedro Restelli en el programa “Al Cesar” fueron “una burda mentira”.
Restelli había señalado que la Justicia había desestimado la causa en contra suya y del Intendente Guacone iniciada por la empresa luego de la suspensión de la obra del Jardín del barrio Banfield.

“Seguramente miente por boca de otro” indicó Aldazabal, quien recordó que “ellos presentaron una excepción que sostiene que se falta de legitimación pasiva, lo que quiere decir que no los pueden demandar a ellos sino al Municipio”. El recurso, según informó el abogado “fue desestimado por presentarse fuera de término, y la Jueza dijo, no obstante, que esto se va a tratar en la sentencia como una defensa de fondo, no como una excepción previa”.
Aldazabal opinó que “el contenido del pedido que hacen es antediluviano, porque se funda en una concepción jurisprudencial, que quedo abolida con la reforma de la constitución en el año 94, en el artículo 36, que dice que se puede demandar directamente a los funcionarios y existe un tratado internacional contra la corrupción que específicamente trata el tema”.
Finalmente, recordó que “los funcionarios y el Municipio son dos destinatarios con distintas responsabilidades, la Municipalidad como órgano y los funcionarios que provocaron el acto dañino en forma personal, tienen que responder a una demanda de 460 mil pesos que se va a ir incrementando con el paso del tiempo”.