Presentan proyecto para imponer el nombre de Aurora López al Centro de Salud de Canaletas

  Los concejales Ariel Rey y Mariana Reynoso elevaron al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca denominar como "Centro de Salud Canaletas - Aurora López" al actual centro de atención primaria de dicho barrio. La iniciativa surge en vísperas del 20° aniversario del fallecimiento de Delia Aurora López de Aguilar, figura emblemática de la zona por su vasta trayectoria en el trabajo solidario y comunitario. El documento presentado destaca que el próximo 25 de junio de 2026 se cumplirán dos décadas de la partida de "Aurora", quien falleció a los 86 años dejando un profundo legado en la memoria colectiva local. Desde su hogar, popularmente conocido como "su rancho", López desarrolló durante años una labor desinteresada que incluía la organización de colectas de alimentos, ropa y juguetes, además de brindar contención social a los sectores más vulnerables del barrio.

Aldazabal sobre el caso J&J: “La presentación de Guacone y Restelli fue desestimada”

El Dr. Benito Aldazabal, abogado de la empresa J&J, sostuvo esta mañana que las declaraciones formuladas anoche por el arquitecto Pedro Restelli en el programa “Al Cesar” fueron “una burda mentira”.
Restelli había señalado que la Justicia había desestimado la causa en contra suya y del Intendente Guacone iniciada por la empresa luego de la suspensión de la obra del Jardín del barrio Banfield.

“Seguramente miente por boca de otro” indicó Aldazabal, quien recordó que “ellos presentaron una excepción que sostiene que se falta de legitimación pasiva, lo que quiere decir que no los pueden demandar a ellos sino al Municipio”. El recurso, según informó el abogado “fue desestimado por presentarse fuera de término, y la Jueza dijo, no obstante, que esto se va a tratar en la sentencia como una defensa de fondo, no como una excepción previa”.
Aldazabal opinó que “el contenido del pedido que hacen es antediluviano, porque se funda en una concepción jurisprudencial, que quedo abolida con la reforma de la constitución en el año 94, en el artículo 36, que dice que se puede demandar directamente a los funcionarios y existe un tratado internacional contra la corrupción que específicamente trata el tema”.
Finalmente, recordó que “los funcionarios y el Municipio son dos destinatarios con distintas responsabilidades, la Municipalidad como órgano y los funcionarios que provocaron el acto dañino en forma personal, tienen que responder a una demanda de 460 mil pesos que se va a ir incrementando con el paso del tiempo”.