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Médicos nucleados en Cicop reclaman contra la atención de detenidos en Hospitales

Los médicos bonaerenses nucleados en Cicop exigieron este lunes la suspensión de una medida del ministerio de Justicia y Seguridad que dispone que las personas detenidas en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense deben ser revisados en hospitales públicos, al sostener que “no existen las condiciones” para garantizar el servicio.
El gremio provincial se mostró de acuerdo con la iniciativa, aunque consideró que el “crónico déficit de recursos humanos” que hay en los hospitales, impediría su cumplimiento.

La semana pasada, el gobierno bonaerense anunció que, a través de un acuerdo entre los ministerios de Seguridad y de Salud, serían los hospitales públicos los encargados de realizar el reconocimiento médico de las personas privadas de su libertad, en lugar del médico legista de cada comisaría.
Desde Cicop consideraron “positiva” la iniciativa, al señalar que hace lugar a “las innumerables denuncias de los organismos de derechos humanos acerca de la necesidad de garantizar la imparcialidad en estos procesos”.
Sin embargo, advirtieron que la medida “es a todas luces apresurada e inconsulta” y que “no permitirá garantizar los derechos que enuncia querer garantizar”.
En esta línea, Pablo Torres, secretario general de CICOP, manifestó que “los hospitales bonaerenses tienen un serio y crónico déficit de recursos humanos e insumos por lo que en este momento ni siquiera están en condiciones de garantizar el derecho a la salud a la población en general”.
El gremialista señaló que “la nueva demanda que recaería sobre los hospitales bonaerenses no encontrará el personal capacitado específicamente para estas tareas, que requieren de especialización y del conocimiento de normas nacionales e internacionales en la materia, si lo que se quiere es realmente asegurar los derechos de las personas detenidas”.
Ante esta situación, Cicop exigió que “la medida sea dejada sin efecto y se convoque de inmediato a una Comisión con todos los actores involucrados, incluyendo a los organismos de derechos humanos y a los gremios del sector, para encontrar una verdadera solución al problema planteado”.