El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, benefició a directivos de la empresa Southern Seeds Production SA y dictó la falta de mérito en la causa que investiga las condiciones de semiesclavitud que fueron registradas por las fuerzas de seguridad el 3 de enero pasado en la estancia La Esperanza, en el partido de San Pedro.
En un fallo de 55 carillas, Villafuerte Ruzo entendió que no puede verse “con suficiente claridad” que se cometa el delito de trata de personas. Aunque en el escrito reconoce que se encontraron 146 personas “trabajando en condiciones no acordes”, varios de ellos menores de edad, que 18 pernoctaban en una casilla con nueve camas cuchetas y los restantes en una carpa de 40 metros de largo y que sólo había seis baños químicos, de los cuales dos funcionaban como duchas, el magistrado aseguró no registrar delito alguno.
“Las condiciones de alojamiento e higiene de los predios arrendados” por la firma “no eran suficientes”, con lo cual se incumplían varias normas de la Ley de Trabajo Agrario 22.248, reconoce el juez Villafuerte Ruzo en su fallo, aunque aclara que no configura trata de personas, un delito configurado en la Ley 26.364.
“Son figuras que tienen una estructura típica que requiere de determinadas acciones por parte de los autores, las cuales, en el caso que nos ocupa, no advierto por el momento con la suficiente claridad”, consideró el magistrado.
La decisión, que implica falta de pruebas para procesar o sobreseer, benefició a Hugo Francisco Previgliano, presidente de Southern Seeds Production; Lucio Peroni, vicepresidente de la firma; Alfredo Montealegre y Juan Peroni, directores titulares; María Elena Granata, ingeniera agrónoma; y Javier Zárate, técnico agrónomo.
Rubén Darío Giagnorio, fiscal que entiende en la causa, calificó los hechos por los que fueron denunciados los directivos de la multinacional semillera incluso como de “lesa humanidad”.
A los acusados se les había imputado el haber captado en distintas localidades de la provincia de Santiago del Estero, transportado y dado posterior acogida en la estancia La Esperanza a 134 personas mayores de edad y nueve menores, “todo ello, mediante engaño, fraude y abusando de una situación de vulnerabilidad preexistente en la que se encontraban dichas víctimas, y con la finalidad de explotarlos laboralmente en los predios rurales, en los cuales debían realizar el trabajo consistente en el desflorado del maíz, reduciéndolos a la servidumbre u otras prácticas análogas”.
El de la estancia La Esperanza fue el primer caso de una serie de allanamientos que sacó a la luz la más que precaria situación de muchos trabajadores rurales.
