Condenan a seis años y medio de prisión a instructor de vela por abusos tras la denuncia de la medallista olímpica Eugenia Bosco

 El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro condenó a Leandro Tulia , reconocido instructor de vela con trayectoria en el Yacht Club de Olivos, a la pena de seis años y medio de prisión por el delito de abuso sexual agravado. El fallo se conoce meses después de que la medallista olímpica en París 2024, Eugenia Bosco , hiciera pública su denuncia contra quien fuera su entrenador durante su adolescencia.

Diputados aprobó el proyecto para prohibir la venta de nafta a motociclistas sin casco

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto que prohíbe el expendio de combustibles a aquellos motociclistas que circulen sin el casco reglamentario.
La iniciativa legislativa es similar al programa "Sin Casco no hay Nafta", lanzado el año pasado por el Ejecutivo bonaerense y que requería de la adhesión de los municipios, que en algunos casos establecieron la prohibición por ordenanza.
Si el Senado convalida el proyecto, todas las estaciones de servicio estarán obligadas a no vender combustible a quienes viajen en sus motos sin el casco reglamentario.
Si no cumplen con esta prohibición, los dueños de los establecimientos serán sancionados con una multa equivalente de 100 a 1000 litros de nafta súper.
La diputada Mónica López, autora de la iniciativa, indicó que "en el informe elaborado en el año 2009 por el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) se señala que la siniestralidad y mortalidad de conductores de motos y ciclomotores alcanzó a 1669 casos, de los cuales 1049 (62.8%) resultaron con heridas graves y 463 (27.7%) con muerte inmediata".
"Con el propósito de promover el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el Código de Tránsito para la Provincia de Buenos Aires, el Estado debe liderar el proceso y la política de seguridad vial y el sector privado debe participar activamente en las medidas de prevención", agregó.
El proyecto dispone como autoridades de aplicación de la norma a los municipios, el ministerio de Producción y la Jefatura de Gabinete. Estas deberán designar inspectores para que controlen el cumplimiento de la ley.
Finalmente, el importe de las multas que se apliquen se dividirá correspondiendo un 60% para la Municipalidad de la jurisdicción en que se ha cometido la infracción; un 20% con destino al ministerio de la Producción; y un 20% a la Jefatura de Gabinete.