Avanza el reemplazo del adoquinado por hormigón en el ingreso a la Terminal de Ómnibus

 El Municipio dio inicio a los trabajos de refacción y acondicionamiento en el sector de ingreso de colectivos de la Terminal de Ómnibus local. La obra contempla el retiro integral del adoquinado deteriorado en el acceso principal y su reemplazo por losas de hormigón, una intervención planificada para optimizar la circulación del transporte y garantizar la durabilidad de la calzada ante el tránsito pesado. Las tareas forman parte del plan de mejoras que el Ejecutivo local lleva adelante desde que el predio pasó a la órbita de la administración municipal. El intendente Cecilio Salazar recorrió el inicio de los trabajos acompañado por el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas; el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito; y el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez.

Los padres de los jóvenes muertos piden la indagatoria del Intendente Aldo Carossi

"Baradero te informa"
Los padres de dos adolescentes muertos hace un año en Baradero, al ser perseguidos por inspectores municipales cuando circulaban de madrugada en una motocicleta, pidieron la declaración indagatoria del intendente local, Aldo Carosi, por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Además, reclamaron que los inspectores municipales sean indagados por el delito de "doble homicidio agravado", en lugar del "homicidio culposo" que, de momento, pesa como imputación sobre ellos.
Los abogados Daniel Castiñeiras y Miguel Ángel Pierri, en representación de los padres de Giuliana Jiménez y Miguel Portugal, formularon el pedido ante el fiscal de San Pedro, Marcelo Manso, quien tiene a su cargo la investigación por el luctuoso episodio, del que hoy se cumple un año.
El 21 de marzo de 2010 Giuliana Jiménez y Miguel Portugal murieron al ser embestidos por una camioneta tripulada por inspectores municipales que los perseguían presuntamente porque circulaban sin casco, lo que motivó una revuelta popular que terminó en un incendio en la intendencia y destrozos en una radio local.
Por aquellos hechos hay un único imputado, el inspector de tránsito Oscar Micucci, por "homicidio culposo", pero según los padres de las víctimas debería responder por los delitos de "doble homicidio agravado concurso real con violación de los deberes de funcionario publico, abandono de persona, abuso de autoridad y encubrimiento", que prevén una pena de prisión o reclusión perpetua.
Pero según los abogados de las víctimas, el accionar de Micucci "obedecía a instrucciones superior emanadas desde las mas altas esferas de responsabilidad municipal".
"Eran habituales los acorralamientos a altas velocidades, encierros, aperturas de puertas a velocidad como procedimiento de bloqueo de los motociclistas, en síntesis una caza de ciudadanos, habitualmente de corta edad, practicada con una imprevisión que para ser exculpada obliga a un sacrificio de la lógica.- la conducta desaforada y abusiva de los inspectores era vox populi en Baradero", sostiene el escrito.
Por ello, pidieron la indagatoria del intendente de Baradero, ya que consideraron que la eventual condena únicamente para Micucci "dejará a los deudos y la sociedad toda de Baradero, la sensación de que han quedado impunes los principales responsables de lo sucedido".
La indagatoria del intendente Carosi "por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario publico haría sentir a la ciudadanía que los poderosos no resultan impunes a las leyes amparándose tras subalternos que ciega y estúpidamente obedecieron órdenes de superiores con los que continuamente conviene congratularse", resume la presentación.
Los padres de los fallecidos imputan a Carosi "no haber implementado cursos de capacitación a los inspectores prescriptos por la ley de tránsito y por haber hecho caso omiso a la nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante en 2006 donde se les había puesto en conocimiento de las autoridades municipales que se perseguían a los jóvenes que andaban en motocicleta y de que era hora de llamarles la atención antes de que ocurriera un hecho desgraciado".
La imputación abarca también por el delito de homicidio agravado a otros funcionarios locales: Luciana Romero, Pablo Scarfoni y Moira Zaragocini.

[Información "Online 911"]