Imputaron a un hombre por realizar una falsa denuncia sobre el robo de su motocicleta

Un hombre de 43 años quedó imputado por el delito de falsa denuncia luego de que la investigación policial demostrara que el robo calificado que había relatado nunca ocurrió, informaron hoy fuentes de la fuerza. El la mañana del domingo, el supuesto damnificado se presentó en la dependencia policial para denunciar que había sido víctima de un asalto. Según su testimonio, cuatro hombres armados lo habían interceptado para sustraerle su motovehículo bajo la modalidad de robo calificado.

Reducción a la servidumbre de empleados rurales: 6 detenidos y 8 internados

El Fiscal Darío Gianorio inició hoy una causa por “Reducción a la servidumbre” luego de las actuaciones realizadas en el campo “El Algarrobo”, en donde se detectó la presencia de más de cien trabajadores rurales oriundos de Santiago del Estero en condiciones de esclavitud.
La Justicia dispuso la aprehensión y traslado a la comisaría de San Pedro de 6 personas, entre las que se encuentran dos choferes de un colectivo que llegó con empleados en el momento de la inspección, dos personas que vendían comida en camionetas sin identificación (uno de ellos sería de San Pedro) y dos ingenieros de la multinacional semillera “Nidera”. Los vehículos identificados en el lugar fueron una Toyota Hillux y una Volkswagen Saveiro.
Ocho de los obreros fueron internados en el Hospital por las pésimas condiciones sanitarias en que se encontraban. Algunos de ellos tenían picaduras de insectos, mientras que otros presentaban hongos en el cuerpo.
Entre las irregularidades detectadas se encuentra el hacinamiento de empleados en casillas (18 en cada una de ellas), la falta de agua y baños y la venta de alimentos por parte de los propios responsables del emprendimiento. En este último caso, las autoridades del Ministerio de Trabajo comprobaron la existencia de una lista de precios con que se vendían las mercaderías. El costo, en todos los casos, era muy superior al de mercado. Además, los alimentos secuestrados tenían el sello del Ministerio de Desarrollo Social, y en muchos casos la fecha de vencimiento estaba borrada.