Bajo el título “Detrás de todo está la gente”, el Diputado Nacional Mario Barbieri emitió un comunicado en el que expresa su posición sobre la situación de Papel Prensa y cuestiona el proyecto del Ejecutivo para declarar de interés público la producción y distribución del papel para diarios.
El ex Intendente sostiene que “en la planta, ubicada en San Pedro, provincia de Buenos Aires, trabajan más de 500 personas, constituyéndose en una de las principales actividades para el desarrollo de la ciudad. Y en esta oportunidad tampoco se reparó en los trabajadores de la fábrica, ni en la incertidumbre que genera en todo un pueblo el cuestionamiento sobre una empresa que desde hace décadas es uno de los pilares fundamentales de la economía de la región, y que sostiene a cientos de familias, directa e indirectamente”.
Para Barbieri “es indudable que, un manejo desacertado de la empresa, para la comunidad de San Pedro implicaría un impacto social de relevancia. Y cuando se generan dudas, incertidumbres, se afecta el noble derecho de vivir en paz, que es en esta etapa lo que necesitamos los argentinos”.
El legislador nacional por la UCR reduce el conflicto a “una disputa” en la que “todo parece reflejarse en una simple ecuación: el control del papel para diarios por parte del Gobierno Nacional; la distribución discrecional del mismo, conforme a la afinidad que los medios tengan con el Poder Ejecutivo, como se hace actualmente con la publicidad oficial; y, por ende, un duro golpe a las garantías de las libertades, cuando la libertad de prensa y las políticas sobre ella deben estar por encima de los intereses particulares, evitando lesionarla o coartarla”.
Pese a esa consideración, Barbieri también se refiere a las denuncias por un acuerdo entre la Dictadura Militar y los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón, por el que se persiguió y presionó a la familia Graiver a fin de que cedan las acciones de su empresa a los medios mencionados, permitiendo de esa forma el control absoluto del papel para diarios en el país. “Si hubo irregularidades o delitos de lesa humanidad relacionados con la compra de la empresa, como lo argumenta el Gobierno Nacional, que la Justicia lo determine, y lo juzgue con todo el peso de la ley” indica.
“En el medio, los trabajadores de la planta. En el medio el estupor de toda una comunidad. En el medio, como siempre, los argentinos” sostiene posteriormente.
