El concejal Carlos Casini expresó, a través de un comunicado, su opinión sobre los anteproyectos de construcción de viviendas en la zona y adelantó detalles de una iniciativa legislativa que se presentará en breve en el HCD.
El proyecto en cuestión está orientado a la adjudicación de terrenos a familias impedidas de adquirir su propia casa, en base a la constitución de un banco de tierras municipal.
El edil del bloque “Unión Peronista” considera que “el ambiente de debate” que se ha generado en torno a este tema es propicio para incluir algunos conceptos que ese movimiento político ya había planteado durante la campaña.
“Desde hace bastante tiempo, nuestro espacio político ha venido solicitándole al Departamento Ejecutivo la creación de un banco de tierras para futuros planes de viviendas” recuerda Casini. “Dicho banco estaría compuesto en primer lugar con los terrenos fiscales (municipales y provinciales) existentes en todo el partido, localidades y zonas rurales incluidas” explica el abogado, agregando luego que “en segundo lugar, por terrenos que el municipio pueda adquirir por distintas vías (compra, donaciones, daciones en pago, etc)”.
El bloque que preside Casini (y que también integran los concejales Damián Mosquera y Marta Curima) planteará en breve un proyecto de Odenanza que permitiría la creación del “Registro Municipal de Tierras Fiscales”, en el que ya están trabajando.
A través de este registro, explica Casini en su informe de prensa, “el Municipio contará con la información actualizada del número y dimensiones de los terrenos fiscales existentes, su estado de dominio y de ocupación”.
Una vez adquirida esta información, el concejal plantea la diagramación de “distintos proyectos de viviendas, en consonancia con la nueva planificación de nuestro Partido a través de la reforma de la Ordenanza San Pedro 2000”.
Entre los proyectos de viviendas impulsados por esa norma se destacarían, de acuerdo a la idea de Casini, “aquellos que tiendan a adjudicar en venta los terrenos a la gran cantidad de sampedrinos impedidos de adquirir su propia casa, agobiados de vivir en casas ajenas prestadas y/o alquiladas”. Las ventas en cuestión “se realizarían a precios accesibles y a largo plazo”, puesto que “no sería la intención del gobierno lucrar sino urbanizar y garantizar un derecho esencial”.
