El Sanatorio COOPSER reanuda la atención para afiliados de Unión Personal y Accord Salud

El Sanatorio COOPSER informó de manera oficial la normalización de sus servicios en consultorios para los beneficiarios de las obras sociales Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción en las prestaciones motivado por incumplimientos financieros. ​La decisión de restablecer la atención médica se fundamenta en la cancelación de una parte significativa de la deuda pendiente que las mencionadas entidades mantenían con el centro de salud. Este avance en las negociaciones permitió destrabar el conflicto que afectaba la cobertura de una amplia nómina de afiliados en la región. ​A partir de este anuncio, los pacientes bajo dicha cobertura técnica están habilitados para solicitar turnos y realizar consultas ambulatorias con normalidad. Los servicios se encuentran operativos para todas las especialidades y profesionales médicos que integran la cartilla del Sanatorio COOPSER, garantizando así la plena vigencia de los derechos prestacionales de los usuarios.

Prisión domiciliaria para Castañares

La Cámara de Garantías de San Nicolás dispuso este mediodía restituir el beneficio de la prisión domiciliaria para el ex policía Luis Castañares, condenado a 18 años de prisión por el homicidio de Gonzalo Rojas.
La Justicia hizo lugar al pedido formulado por el abogado Hugo Lima, quien había requerido que se respetara el beneficio que regía para con Castañares antes del Juicio Oral y Público y que fue revocada por el Tribunal de primera instancia.
La medida no significa modificación alguna de la condena por el crimen ocurrido en Diciembre de 2005.
Sin embargo, el Dr. Hugo Lima adelantó que aguardan el resultado de la apelación en el Tribunal de Casación con respecto a la sentencia de primera instancia.
El beneficio de prisión domiciliaria fue otorgado durante la etapa de instrucción.
El Dr. Hugo Lima, abogado de Castañares, dijo que el fallo de la Cámara sentó jurisprudencia, porque el tribunal de primera instancia había determinado la anulación del beneficio sin que fuera solicitado por la Fiscalía ni el particular damnificado.