Allanamiento y secuestro de arma de fuego por denuncia de amenazas de muerte

Efectivos policiales de La Tosquera y Río Tala llevaron a cabo una diligencia judicial en el marco de una investigación por amenazas. Se incautó una escopeta calibre 16 en el domicilio del imputado, quien no se encontraba en el lugar. ​Personal del Destacamento La Tosquera, en colaboración con el Destacamento Río Tala, cumplimentó ayer una orden de allanamiento librada por el Juzgado de Garantías Nro. 01 del Departamento Judicial San Nicolás. ​La medida se realizó en el marco de una causa iniciada el pasado 30 de octubre, a raíz de la denuncia de un hombre de 49 años que manifestó haber recibido amenazas de muerte. ​El allanamiento tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle bajada basural S/N, Cuartel 3° de La Tosquera. Al llegar al lugar, el personal policial fue atendido por la pareja del imputado, una mujer de 29 años, ya que el principal investigado no se encontraba en la vivienda. ​La diligencia judicial arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de una ...

El peronismo pide informes sobre el Banco de Tierras y gestiones ante Infraestructura

El bloque de concejales del Partido Justicialista ingresó dos iniciativas relacionadas con el uso de la tierra en el partido de San Pedro.
Los legisladores locales solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal que informe al Concejo Deliberante sobre la cantidad de tierras disponibles para la ejecución de programas habitacionales en el “Banco Municipal de Tierras” creado por Ordenanza en el año 2005.
Un segundo proyecto le pide al Intendente Mario Barbieri que gestione, “en carácter de urgente”, una audiencia con las máximas Autoridades del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, “para exponer el serio déficit habitacional de San Pedro y sus localidades”.
El proyecto explica que debería exponerse ante la Arquitecta María Cristina Álvarez Rodríguez el serio déficit habitacional, a través de una delegación compuesta por autoridades del Ejecutivo Municipal, concejales y ciudadanos “que tienen un empleo aceptable, pero no están en condiciones de obtener una vivienda por sus propios medios”.